Durante años aprendieron que en México no pasaba nada.
Podían aparecer fotografías, testimonios, sobres llenos de dinero, investigaciones periodísticas y nombres de funcionarios relacionados una y otra vez con personajes del crimen organizado. Siempre había una explicación: persecución política, golpismo, conservadores, calumnias. Y cuando todo lo demás fallaba, quedaba la soberanía.
El problema para el obradorismo es que Estados Unidos no parece dispuesto a jugar bajo esas reglas. Quizá por eso están tan nerviosos.
La cancelación de la visa de Andy López Beltrán confirmó que Washington ha tocado un nervio sensible. Morena movilizó su estructura, Claudia Sheinbaum habló de injerencia y el propio Andy advirtió sobre una “embestida inminente”. Pero fue su tío quien dijo lo verdaderamente interesante: “Al que quieren no es al chico, sino al grande”.
El grande es Andrés Manuel López Obrador.
Hasta ahora Estados Unidos no ha acusado públicamente al expresidente. Su familia, en cambio, ya parece convencida de que el camino conduce hasta él. ¿Por qué?
No lo sabemos. Lo que sí sabemos es cuánto sabe Estados Unidos.
Tiene en sus manos a personajes clave del Cártel de Sinaloa —El Mayo Zambada, los hijos del Chapo y otros operadores— y ahora también a funcionarios del gobierno de Rocha Moya. Esta semana se supo que su exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida, dejó de aparecer bajo custodia federal desde el 11 de agosto, algo que ya hemos visto con otros acusados que terminan colaborando con la justicia estadounidense.
A ellos se suman los 92 presuntos criminales que México entregó en menos de un año y décadas de inteligencia de sus agencias. Washington tiene además a OFAC siguiendo el dinero, RICO para perseguir estructuras criminales completas y, desde la designación de los cárteles como organizaciones terroristas, un arsenal jurídico todavía mayor contra quienes los financian, facilitan o protegen.
El método resulta familiar.
En Venezuela el cerco comenzó con empresarios, prestanombres, militares y funcionarios; alcanzó cuentas, propiedades y empresas hasta llegar a Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo. Caracas respondió denunciando el “imperialismo”.
En Rusia, Washington avanzó sobre bancos, oligarcas y funcionarios hasta sancionar al propio Vladimir Putin. Moscú lo llamó “guerra económica”.
En Irán siguió el dinero, las empresas y los mandos de la Guardia Revolucionaria. Teherán denunció “injerencia”.
Distintos regímenes, el mismo reflejo: mientras sus élites descubrían cuánto les dolía perder cuentas, propiedades, negocios y acceso a Estados Unidos, desde el poder invocaban soberanía, intervencionismo e imperialismo.
¿Suena familiar?
En abril Washington cruzó una frontera: dejó de perseguir solamente narcotraficantes mexicanos y acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de conspirar con dirigentes del Cártel de Sinaloa.
El expediente tocó al gobierno. Estados Unidos ya no pregunta solamente quién mueve la droga, sino quién la protege, quién recibe el dinero, quién facilita las operaciones y hasta dónde llega la cadena.
Por eso la visa de Andy importa. Porque el tamaño de la reacción revela el tamaño del temor: 202 asambleas de Morena, una presidenta invocando la soberanía, un hijo anunciando una “embestida inminente” y un hermano advirtiendo que Estados Unidos realmente quiere al expresidente.
Durante años los intocables aprendieron que en México podían controlar las consecuencias. Hoy controlan las mayorías y buena parte de las instituciones encargadas de investigarlos.
Sólo hay un expediente que no controlan. Se escribe del otro lado de la frontera. Y Washington todavía no ha dicho que vaya por López Obrador. Los López Obrador sí. Tal vez ellos sepan por qué.
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