La única diferencia entre un cobrador de impuestos y un taxidermista es que el taxidermista deja la piel, esta frase irónica, atribuida sin mucha evidencia al escritor Mark Twain, refleja bien la sensación de calamidad que tenemos los ciudadanos frente al pago de impuestos. El país no es la excepción. En cada análisis sobre la capacidad gubernamental para recolectar impuestos, México aparece rezagado. Ocupa el último lugar del grupo de países que conforman la OCDE y se ubica por debajo del promedio de los países de América Latina con recaudaciones equivalentes al 17.7% del PIB frente al 32% de Brasil o el 27% de Argentina. A pesar de esto, y a falta de una reforma fiscal, en años recientes, una política de fiscalización más agresiva -con multas y recargos a los cautivos- permitieron aumentar significativamente la recaudación sin que aún sea suficiente para una mayor justicia fiscal. Seguimos sin los recursos necesarios para crecer como país y sin garantizar el acceso a servicios básicos de calidad a la mayoría de la población. En contraparte, la confianza no atraviesa su mejor momento. Tanto empresarios como ciudadanos dudan en invertir o en gastar al no tener condiciones básicas de certidumbre. En este contexto, la presidenta Sheinbaum anunció el Plan México. Se trata de un paquete de acciones para acelerar la inversión a partir de: simplificar trámites, fomentar el desarrollo, promover la inversión energética y aumentar el empleo. En el camino, anunció el traspaso de la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (PRODECON) a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, aunque esto requiere de una reforma. La PRODECON es la única institución que existe para defender a los ciudadanos frente al poder de autoridades fiscales como el SAT, el IMSS, el INFONAVIT o CONAGUA. Se trata de una institución que forma parte de la administración pública federal pero que no depende jerárquicamente de ninguna Secretaría, lo cual garantiza autonomía presupuestaria y técnica. Su función es brindar servicios gratuitos de: asesoría, consulta, representación y defensa legal. Procesa quejas y reclamaciones contra autoridades que vulneran derechos como cobros injustos de impuestos o negativas de devolución del SAT. Su herramienta más innovadora han sido los acuerdos conclusivos, es decir, una mediación para resolver conflictos fiscales entre particulares o empresas y gobierno sin tener que pasar por un juicio en tribunales. A pesar de las múltiples resistencias para su creación, la PRODECON ha reclutado a personal especializado, cuenta con 30 delegaciones en todo el país y funciona formalmente desde 2011. En doce años, ha atendido a más de 2 millones de contribuyentes. En una década, según sus propios informes, logró gestionar 23 mil 351 acuerdos conclusivos. La tasa de éxito en cuanto a gestión de quejas y reclamaciones es del 90%. El traslado de la PRODECON a una Secretaría saturada de encargos y limitada de personal y presupuesto significa restringir la labor de una institución diseñada para evitar el abuso y establecer la confianza entre ciudadanos y gobierno. Sin confianza, todo intento por detonar inversión será limitado. Sin un contrapeso a la autoridad fiscal, se abre la puerta a la evasión y a la inquisición tributaria.
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