Las violaciones graves a derechos humanos como tortura, desaparición forzada, tratos crueles, trata de personas o esclavitud son consideradas como imprescriptibles y por lo tanto, no pueden ser consideradas como información clasificada, es decir, no pueden estar fuera del ojo público. Este ha sido el criterio adoptado por países que garantizan efectivamente el derecho a la verdad. El esfuerzo requiere documentar, investigar y procesar las causas, circunstancias, hechos y responsabilidades de aquellos que violan derechos humanos por acción, pero también por omisión. En las leyes de transparencia mexicanas, el criterio está vigente. En la práctica, no es así. O por lo menos, no lo fue con la respuesta que emitió México al requerimiento de información que hizo el Comité de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas (CED). El artículo 5º de la Ley General de Transparencia, considera que “no podrá clasificarse como reservada aquella información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos o con delitos de lesa humanidad, conforme al derecho nacional o a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”. En septiembre del año pasado, el gobierno mexicano aceptó que había respondido al requerimiento de información del CED por la crisis de desaparecidos en México. Sin embargo, tal y como consta en la Plataforma Nacional de Transparencia, cuando ciudadanos quisieron conocer el contenido de esa respuesta, la dependencia optó por reservar la información. El argumento esgrimido, según el folio 340026800118525, fue: “La información solicitada en el presente caso se encuentra vinculada a procedimientos de carácter internacional que se encuentran en curso ante la CED, los cuales se encuentran sujetos a normas de confidencialidad”. Desde hace años, el Comité contra la desaparición forzada de la ONU obedece a estándares de máxima publicidad. Tanto sus observaciones finales como los informes que emite son públicos. En su trabajo, promueve que los registros nacionales de personas desaparecidas sean confiables, actualizados y que las metodologías sean transparentes. Adicionalmente, mantiene diálogo constante con autoridades y se nutre de información proveniente de organizaciones de la sociedad civil, académicos y familiares de víctimas. Gracias al trabajo del Comité conocimos el escrito de 87 páginas que reservó el gobierno mexicano. El desacuerdo principal radica en asumir que las desapariciones forzadas en México son sistemáticas y perpetradas por actores no estatales (crimen organizado) con el apoyo, autorización o aquiescencia del Estado mexicano. Para el gobierno mexicano, esta interpretación implica una extralimitación por parte del Comité, pero también implica una responsabilidad. Para las organizaciones sociales y los colectivos de víctimas, aceptar un fenómeno tan evidente como lo es la omisión de quienes forman los distintos gobiernos y la colusión entre autoridades estatales y crimen organizado, es poner un alto a la impunidad. El uso político de la crisis de desaparecidos es trágica para todos. Lo es también, el ocultar y negar nuestro derecho a la verdad.
Analista en temas de transparencia y rendición de cuentas.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.