A finales del siglo pasado, solo una treintena de países contaban con algún instrumento normativo para garantizar el derecho a saber. Con el nuevo milenio, una fiebre reformista promovida por las asociaciones de libre comercio, el uso de nuevas tecnologías de información, la ratificación de tratados internacionales en materia de combate a la corrupción y la existencia de una pluralidad de partidos políticos generó que 139 países contaran con alguna reforma, ley o norma que hacía exigible el derecho a saber. Con las leyes aprobadas vendría el desafío de la implementación. Abrir la caja negra de los gobiernos implicó señalar desvíos, salpicar de escándalos y exhibir comportamientos sin que muchas veces hubiera consecuencias. Y aun así lo que se buscaba era construir un puente de confianza con la ciudadanía. Vino entonces la fiebre de gobierno abierto: una promesa que a través de planes, programas y acciones generaría gobiernos abiertos, servicios accesibles y ciudadanos más exigentes. En esta ola se subieron 77 países con un sinfín de iniciativas, algunas de vida limitada, que permitieron acuñar la noción de Estado abierto: los tres poderes, todos los niveles de gobierno. La desigualdad de ingresos en países con distintos niveles democráticos permitió la llegada al poder de líderes autoritarios que necesitan monopolizar el discurso y controlar la información. La transparencia se convirtió en problema y no en solución. Los “demoledores”, les llama Susan Stokes en su más reciente libro, son líderes que entienden el poder de los símbolos y el discurso frente a ciudadanos sin oportunidades, cansados de promesas incumplidas. La propaganda, la polarización afectiva y el ruido mediático sustituyeron a la evidencia en el debate público. En parte, esto facilitó la desaparición de los órganos garantes de la transparencia. A un año de su materialización quedan en el país, tres órganos garantes agónicos y una nueva opacidad instalada. En México, según el informe El rediseño y la judicialización del derecho de acceso a la información pública en México, de Artículo19, la nueva opacidad institucional se refleja en las fallas de la plataforma nacional de transparencia, en el aumento de causales de reserva de información, en la disuasión para el ejercicio del derecho a saber, en la falta de comparabilidad de los datos. A la fecha no se sabe cómo se hizo y dónde están los 14 mil millones de archivos relacionados con 75 temas prioritarios que albergaba el INAI. Las intermitencias, la pérdida de información, la falta de datos actualizados son solo algunas de las deficiencias. Cuatro nuevas causas de reserva de información, que van desde aspectos ambiguos como información que afecte la paz social hasta estudios y proyectos en contra “del interés del Estado”, permiten ocultar información. Al distribuir competencias entre los distintos poderes se diluyó la responsabilidad, se vulneró el cumplimiento de obligaciones y la capacidad de exigencia ciudadana. El juicio de amparo —solo posible en tribunales de Aguascalientes— es la vía principal para atender inconformidades. La última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de INEGI muestra el deterioro de la confianza pública: solo el 46% de la población confía en el gobierno federal y apenas un 23.9% cree en los partidos políticos. Sin datos verificables, la saliva no basta.
Especialista en temas de transparencia
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