La frase que ha acompañado la euforia futbolística de este mundial (y que se repite estos últimos días tanto en las conversaciones como en redes sociales), es el paréntesis ilusorio de un país que, hasta hace unas semanas, parecía más sumergido en sus problemas que en el ánimo festivo de la gesta deportiva. Se cumple aquello de que un poco de felicidad no le hace daño a nadie.
Pero mientras los ojos anhelaban la cancha, a unas horas de que iniciara el partido México-Ecuador, el auditor Aureliano Hernández Palacios, se estrenó en la cancha de la fiscalización. Hizo la primera entrega de informes individuales, correspondiente a la Cuenta Pública 2025, comprende un tramo del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados reaccionó como la mesa directiva de una liga benevolente: las escasas 33 auditorías realizadas —la fiscalización más reducida en la historia reciente— se enfocaron únicamente en revisar que la distribución de las participaciones federales hubiera llegado a los municipios. De este ejercicio se lograron recuperar 20.7 millones de pesos, y se desprendió una solicitud de aclaración por 1.4 millones de pesos a un municipio de Chiapas. Esto es apenas un fragmento del rezago heredado por los 86 mil 800 millones de pesos que faltan por recuperar o aclarar de ejercicios anteriores. No hubo en esta entrega ninguna auditoría a dependencias del Gobierno federal, ni a las obras de infraestructura emblemáticas, ni a los servicios públicos que determinan la vida de los ciudadanos.
En su papel de árbitro del uso de los recursos públicos, el auditor justificó las limitaciones de la revisión por la gestación del nuevo modelo de fiscalización. Las recientes reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y al reglamento interno de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), centralizaron decisiones sobre gasto federalizado, crearon nuevas áreas de investigación, sentaron las bases para una mayor participación ciudadana, buscaron la agilización de los procesos y autorizaron investigar ejercicios anteriores. En su presentación ante el Congreso, el auditor aprovechó para sacar tarjeta amarilla: anunció la integración de 30 expedientes de presuntas responsabilidades administrativas por faltas graves en procesos de contrataciones públicas. De igual forma, sacó tarjeta roja al presentar 21 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un posible daño de más de 600 millones de pesos.
A principios del mes pasado, la ASF modificó el Plan Anual de Auditoría para la Fiscalización Superior 2025. Con este cambio, se dieron de baja 332 auditorías, pero se incorporaron 100 nuevas auditorías. La promesa es revisar la totalidad de las dependencias del Gobierno federal y realizar revisiones integrales a obras e instituciones como el Tren Maya, el IMSS y Pemex.
La ciudadanía, en su papel de afición, requiere que la fiscalización ayude a mejorar la calidad de los servicios y sirva para combatir la corrupción. Ojalá y entonces podamos preguntarnos: ¿Y si, sí?
Coordinadora del Programa de Ciudadanía en México Evalúa
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