Han pasado 55 días sin que el Inai, la institución encargada de garantizar a nivel nacional el derecho a saber y el derecho a la privacidad de los mexicanos, pueda sesionar. La omisión de la mayoría del Senado en la designación de los tres comisionados faltantes, ha puesto ambos derechos en vilo. En el camino, han existido exhortos, solicitudes, cartas ?como la del Alto Comisionado de las Naciones Unidas? y pronunciamientos de organizaciones sociales e instituciones académicas nacionales y extranjeras, sin que haya nombramientos. Dos resoluciones judiciales exhiben bochornosamente el incumplimiento de la Cámara Alta. Quien aprueba las leyes está hoy en desacato. Los representantes parecen decirnos: háganle como quieran porque nosotros estamos en campaña.
En la Corte está por resolverse una controversia constitucional y un recurso de reclamación para que el Inai cumpla con su mandato. Aunque maltrecho, esta resolución le permitiría sesionar como está. Mientras tanto, la opacidad aumenta y las quejas de los ciudadanos se acumulan.
Si México fuera un país en el que las administraciones se manejan con apertura y en el que los recursos públicos se ejercen con eficiencia, eficacia, economía y transparencia no necesitaríamos tanta burocracia. Sin embargo, a estas alturas, queda claro que el desmantelamiento del sistema nacional de transparencia es deliberado. De manera lenta pero consistente, según el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Inegi, de 2018 a la fecha, quince entidades dejaron sin designar consejos consultivos, al menos siete plenos de órganos garantes de acceso a la información en las entidades federativas tuvieron renuncias inesperadas o están incompletos y se redujo en 20 por ciento el personal adscrito a las unidades de transparencia. La resistencia a abrir la información se traduce en sobrecargas de trabajo, reservas de información e inexistencias injustificadas. Mientras que en el sexenio anterior se acumularon poco más de 49 mil recursos de revisión, en la presente administración suman casi 54 mil y contando. Detrás de cada queja, hay un ciudadano o ciudadana con un derecho negado.
El decreto presidencial ?declarado inconstitucional por la Corte? que calificaba como de “interés público y seguridad nacional” obras del gobierno solo buscaba la opacidad. El berrinche que promovió un segundo decreto firmado por el Presidente, el secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de la Marina pretende blindar del escrutinio público al Tren Maya, al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y a los Aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum. ¿Qué hay en estas obras que se nos quiere ocultar?
Lo que estamos perdiendo no es solamente la posibilidad de exigir derecho a la verdad frente a los desaparecidos sino también nuestra capacidad de vigilar los actos de autoridad que nos afectan como sociedad. Perdemos la posibilidad de defendernos frente al abuso.
Si a esto le sumamos la evidencia sobre la utilización del software Pegasus para espiar personas defensoras de derechos humanos, periodistas y ahora funcionarios que investigan violaciones perpetradas por las fuerzas armadas, lo que estamos perdiendo con el aval de los partidos políticos es nuestro derecho a vivir en paz.
