La crisis que viven las dos instituciones electorales a cargo de garantizar la equidad, legalidad y certeza del proceso electoral 2024, sigue abonando a la simulación entre quienes se disputan el acceso al poder.
En los últimos meses, tanto los consejeros electorales del INE como los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han mostrado una abrumadora incapacidad para generar los consensos que se requieren para la aplicación de las normas vigentes. Así, a menos de seis meses de la llamada elección más grande de la historia, estamos frente a precampañas electorales con candidaturas únicas, disfrazados actos anticipados de campaña, uso abierto de recursos públicos o recursos de origen no identificado, intervención de funcionarios públicos y aumento inquietante de la violencia.
El último capítulo se vivió el día de ayer en el seno de la mermada Sala Superior del Tribunal Electoral, cuando en el listado de asuntos a tratar se decidió posponer la discusión de la multa a Morena. El proyecto a discutir confirmaba una multa a este partido por un monto de 62.2 millones de pesos por gastos no reportados y por omisiones derivadas de la labor de fiscalización que dio a conocer el INE en diciembre pasado.
Originalmente, el Consejo General propuso sanciones por un total de 87 millones 482 mil 399 pesos a los integrantes de las dos coaliciones mayoritarias por una serie de irregularidades en sus procesos internos. Entre los actos más frecuentes se señalan: egresos e ingresos no reportados y aportaciones de entes que por ley tienen la prohibición de dar recursos a campañas electorales.
Además de establecer límites claros a los recursos que pueden otorgar los particulares, el reglamento de fiscalización prohíbe donativos o aportaciones en dinero o en especie provenientes tanto de instituciones públicas como de personas no identificadas.
La opacidad en el financiamiento de las campañas electorales es sumamente preocupante, no solamente porque vulnera la posibilidad de competir en condiciones de igualdad sino porque bajo la máxima de que “el que paga manda”, se someten las decisiones públicas a los intereses y prioridades de particulares. Redes de corrupción inyectando recursos a procesos electorales han existido desde siempre, Odebrecht, Pemexgate, Amigos de Fox nos recuerdan las batallas que se dieron para transparentar el uso del dinero público. Sin embargo, fue precisamente para conjurar su daño y castigar su discrecionalidad que se crearon reglas e instituciones exhaustivas.
En el caso del órgano nacional electoral, la obstinación de la Consejera Presidenta y su incapacidad para generar consensos ha provocado que durante más de seis meses, se mantengan acéfalas más de siete áreas fundamentales para la organización de la elección, incluida la Secretaría Ejecutiva. Este fracaso fue recientemente alentado por el Tribunal Electoral, al avalar un mecanismo extraordinario que permite a la Presidenta designar en direcciones ejecutivas a encargados de despacho sin la aprobación de los demás integrantes del cuerpo colegiado.
Una de las máximas que guían el trabajo de los cuerpos colegiados fue heredada del derecho canónico y se traduce en la fórmula “lo que a todos atañe, debe de ser decidido por todos”. Violentando reglas y acuerdos, este principio ha quedado olvidado.
Investigadora de la UdG
