Hay dos asuntos en los que el más amplio consenso posible entre los actores políticos constituye una condición de legitimidad de todo sistema democrático: la definición de las reglas de la competencia política y de acceso al poder público y la determinación de quienes serán los árbitros responsables de aplicarlas y de vigilar su cumplimiento.
Cuando las reglas se imponen unilateralmente y éstas sólo reflejan los intereses de un sector del espectro político (así se hayan cumplido los requisitos legales para aprobarlas), las mismas terminarán siendo fuentes de controversia y de desencuentro, en vez de ser, como deberían, la base de legalidad y de confianza del entero orden democrático para resolver tanto las disputas entre partidos, como el acceso pacífico a los cargos públicos.
Del mismo modo, cuando los árbitros son decididos sin el acuerdo común entre quienes gobiernan y las oposiciones, se abre la puerta para que la sospecha y las acusaciones de parcialidad empañen todos los procesos electorales que aquellos lleven a cabo.
Se trata de un asunto lógico y elemental. Si las elecciones suponen un momento de tensión natural en las democracias, pues son el momento que supone la confrontación entre los partidos y las candidaturas que contienden por los puestos electivos, y ninguna disputa de ese tipo (por muy civilizada que sea) está exenta de animosidades y controversias, lo ideal es que las mismas se lleven a cabo a partir de una base de acuerdo común. Para que un juego —el que sea— pueda conducirse adecuadamente todos los jugadores deben haber convenido jugar el mismo juego, conforme a las mismas reglas y además estar de acuerdo en quienes serán los responsables de dirigirlo y arbitrarlo, si no, el mismo está condenado a terminar mal.
Lo anterior viene a cuento porque el morenismo, a pesar de que cuando era oposición insistió en construir condiciones de equidad y exigió jueces imparciales de las elecciones, ahora que está en el poder ha asumido la actitud contraria y ha hecho del agandalle su modus operandi para colonizar abusivamente a los órganos electorales con personas afines a sus intereses.
El reciente nombramiento que los partidos del bloque gobernante hicieron de tres consejerías del INE sin procurar el consenso de los partidos de oposición (más allá de los perfiles), es un grave error que inevitablemente tendrá costos en términos de legitimidad de las futuras elecciones y de la aceptación de sus resultados.
Si las cosas ya estaban mal debido a la actuación parcial y sesgada del INE y del TEPJF en las elecciones de 2024 (en las que, entre otras cosas, convalidaron la indebida intervención del presidente López Obrador en el proceso electoral sin consecuencia alguna, aligeraron las sanciones en materia de fiscalización beneficiando a Morena y consintieron una inconstitucional sobrerrepresentación del oficialismo) y en los comicios judiciales de 2025 (en los que eliminaron todos los controles y mecanismos de vigilancia sobre las elecciones, permitieron la intromisión grosera del gobierno y su partido y además, para colmo, legalizaron el uso de los acordeones como mecanismo de injerencia y manipulación del voto), ahora, con el nombramiento de las nuevas consejerías de manera unilateral y sin consenso, están dándole a la oposición y a la sociedad todos los argumentos para desconfiar con razón de las elecciones en el futuro.
Resulta increíble que, casi cinco lustros más tarde, se desatienda la lección de 2003 cuando el PAN y el PRI excluyeron al PRD de la designación de los integrantes del Consejo General del IFE, abriéndole así a la institución un boquete de legitimidad que resultó costosísimo en 2006, pues ese fue precisamente uno de los elementos que se utilizaron (por cierto, por parte de quienes hoy nos gobiernan) para argumentar un presunto —y nunca demostrado— fraude. Pero no cabía esperar otra cosa… así actúan los autoritarios.
Investigador del IIJ-UNAM. @lorenzocordovav
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