El pasado 19 de marzo, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU decidió activar en relación con el Estado mexicano el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
?Mediante el mismo, el Comité decidió someter de manera urgente la situación que priva en México a la consideración de la Asamblea General de la ONU para que resuelva sobre las acciones que estime necesarias para apoyar a nuestro país a prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones forzadas.
?Las propuestas que el Comité le hace a la Asamblea General están “orientadas a: (i) Brindar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que México requiera en las áreas de búsqueda, análisis forense, e investigación exhaustiva de las alegaciones de desapariciones forzadas y de vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado; y (ii) Establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos, así como a las organizaciones y defensores que las apoyan”.
?Las conclusiones del Comité no fueron para nada improvisadas, son el resultado de una larga serie de investigaciones, señalamientos, visitas, análisis de información proporcionada por víctimas, organizaciones, diversos actores sociales y el mismo Estado, que se han venido realizando desde 2012.
?Sus conclusiones tampoco son nuevas o inadvertidas. Desde hace más de una década se habían venido planteando y documentando una serie de preocupaciones en torno a ese fenómeno.
Así se plantearon por el mencionado Comité en sus Observaciones finales de 2015 en las cuales ya se habían señalado las deficiencias del Estado mexicano para prevenir, investigar y sancionar las desapariciones forzadas.
?Lo mismo se reiteró en las Observaciones finales de 2018 en donde se subrayó la persistencia de las desapariciones y de la impunidad en la materia y se señalaron una serie de problemáticas normativas y estructurales para atender el fenómeno.
?También se enfatizaron en el Informe de visita de 2021 en el que, además de las problemáticas previamente señaladas, “se constató la insuficiencia de recursos humanos y financieros en las comisiones estatales de búsqueda, así como la precariedad de su personal”.
?Y lo mismo ocurrió en las Observaciones finales de 2023 en las que se lamentó que “persistiera una situación generalizada de desapariciones, que el Estado Parte no hubiera aprobado los reglamentos de la Ley y del Sistema Nacional de Búsqueda, ni adoptado una política nacional e integral de prevención y erradicación de las desapariciones”, prevaleciendo con ello “la continuidad de una impunidad casi absoluta”.
?Sin embargo, en vez de reconocer la gravedad (y la verdad) de los señalamientos, la reacción del gobierno y de sus órganos apéndices (como es el vergonzoso caso de la CNDH, hoy convertida en un desacreditado ministerio de propaganda del oficialismo) fue la de rechazar las conclusiones del Comité descalificándolo por ser “sesgado” y “tendencioso”, por su “falta de rigor jurídico” y por “omitir los esfuerzos institucionales” (una actitud muy propia de los regímenes morenistas), como si la víctima en esta historia fuera el gobierno.
?El morenismo, en vez de ver moros con tranchete en cada crítica o señalamiento que se realiza sobre el tema, descalificando sistemáticamente a quien los hace (madres buscadoras, organizaciones de derechos humanos, o notas periodísticas por igual), no sólo debería mostrar empatía —que es mucho pedirle— sino agradecer la preocupación de la comunidad internacional y aceptar su apoyo para enfrentar y tratar de atender un problema que viene de atrás, sin duda, pero que los gobiernos actuales han sido incapaces de resolver (y de ahí su innegable responsabilidad) mientras diariamente se sigue agravando.
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