Hay ocasiones, y esta es una de ellas, en las cuales no podemos saber qué está pasando si no tenemos contexto. La Fiscalía de Estados Unidos acusó el día de antier al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y a otros 9 funcionarios por supuestamente tener nexos con el cártel de Sinaloa. Una solicitud de esas características tendría que ser acompañada de una robusta investigación que efectivamente demuestre lo que está acusando y no, la realidad es que se trata de un documento (que es confidencial por cierto en el marco de las relaciones bilaterales de cooperación entre dos Estados) que solo “cuenta” la supuesta relación sin una sola prueba, ni una sola. Todo esto, después de que hace unos días se diera a conocer la intervención de elementos de la CIA en el estado de Chihuahua, lo cual constituye una flagrante violación a la soberanía. Y este es nuestro contexto.
Para ubicar el contexto, en días pasados salió a la luz la noticia de que agentes encubiertos de la CIA realizaban operaciones supuestamente para el desmantelamiento de un laboratorio de producción de narcóticos (cosa que ya se hace en el país sin que tengan que intervenir autoridades de otros países), pero hay que considerar que esta irregularidad se supo porque estos agentes de la CIA, junto con elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de Chihuahua, tuvieron un accidente automovilístico en el cual perdieron la vida, y fue esta circunstancia la que permitió que de conociera la presencia de estos agentes.
Esta situación, vale la pena apuntarlo, es gravísima pues no es otra cosa que una violación flagrante a la soberanía, pues se trata de la incursión de elementos extranjeros que cruzaron la frontera como turistas cuando en realidad venían a realizar tareas de seguridad, un acto a todas luces ilegal y que supone penas y responsabilidades graves para las autoridades como lo es la gobernadora del estado.
Desde el descubrimiento de esta irregular situación, la mandaría estatal no da mayores explicaciones, solo atinó a cortar una cabeza, la del Fiscal del estado, César Jáuregui, pero como lo dijo la presidenta Sheinbaum, no es suficiente, se debe aclarar lo sucedido porque de lo contrario, sienta precedentes gravísimos. Este panorama provocó que la presidenta mandara una nota diplomática a Estados Unidos para pedir explicaciones sobre lo sucedido ya que claramente se viola la Constitución.
Hasta aquí el contexto. Bajo este escenario (además del preámbulo electoral que se viene en Estados Unidos y que no podemos dejar de lado) antier se da a conocer la acusación de fiscales de Estados Unidos en donde acusan a Rocha Moya de tener nexos con el Cártel de Sinaloa, se dice que fue apoyado en su campaña por “los chapitos”, mientras él se comprometía a dejar libre paso a narcóticos. La solicitud, que fue recibida por la Secretaria de Relaciones Exteriores, busca la detención provisional con fines de extradición, la cual como corresponde, fue turnada a la Fiscalía General de la República para que se evalúen dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana.
Hay varias cosas que no “cuadran”, pero quiero resaltar dos, una de fondo y la otra de forma. Ese documento con el que se pretende la detención por igual y posterior extradición del actual gobernador de Sinaloa, está sustentada en un documento que es clasificado, que no debería ser público pues es un acuerdo internacional y Estados Unidos, al hacerlo público y presentarlo como sustento de lo que solicitan, amerita mínimo otra nota diplomática. Pero el fondo es que ese mismo documento no contiene ninguna prueba de lo que se señala y sin pruebas que evidencien lo que aseguran, es poco probable que esto suceda. Lo que se tiene que hacer son investigaciones, y si esas determinan la veracidad de lo que este documento señala, pues se tendrá que proceder, de eso no debe quedar duda.
Sin embargo, “pruebas” es de lo que más carece ese documento, por lo que proceder a la detención provisional que Estados Unidos solicita, sería un despropósito. La politización de este caso es más que evidente y México no debe acceder a estos “impulsos”, al contrario, debe regresar las cosas al ámbito al cual pertenecen. La presidenta ha sido muy clara: verdad, justicia y defensa de la soberanía, y en caso de que la FGR tuviera pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, se deberá proceder conforme a derecho bajo la jurisdicción.
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