Los cambios y modificaciones a las leyes muchas o la gran mayoría de las veces obedecen a las necesidades que la realidad y las coyunturas marcan. Como parte del periodo extraordinario que inició hace dos días en las Cámaras legislativas, se plantearon dos reformas que la realidad y el día a día nos mostró, deben prevenirse: una es la injerencia de extranjeros en las elecciones que solo incumben a la ciudadanía en nuestro país, y la otra, el cerrarle el paso a posibles candidaturas en las que esté involucrado el crimen organizado. En el caso de esta última, es una situación que no pasa hace 4 o 5 años, sino a décadas, pero es hasta hoy que se propone frenar este fenómeno.
La nulidad de elecciones por intervención extranjera propone reformar la constitución en caso de que se compruebe financiamiento, propaganda o intervención de gobiernos u organizaciones externas. Todo es perfectible siempre y si bien la propuesta que se hizo es un tanto general, el Partido del Trabajo presentó diversas propuestas para que sea lo más específica posible y que no se preste a interpretaciones que permitan que esta causal sea usada para otros fines que no sean los que claramente indica.
La propuesta viene a reforzar la defensa de la soberanía que con vecino tan volátil que tenemos, en cualquier momento o quizás nunca (eso no lo sabemos), se intente tener cualquier tipo de injerencia en la vida pública de México. Ya vimos que esto no es imaginación o exageración, lo sucedido en Chihuahua en semanas pasadas en donde, aparentemente con el conocimiento de la gobernadora, agentes de la CIA ingresaron sin ningún permiso a territorio nacional a participar en operaciones que deberían resolverse con autoridades mexicanas pues de otra manera es inconstitucional. La injerencia ahí está, la propuesta va en el sentido electoral pues es fundamental acotar esa posibilidad.
Del otro lado está la iniciativa que busca que el Instituto Nacional Electoral tenga la facultad de revisar el historial legal y penal de quienes buscan ser candidatos, es decir, verificar que no estén involucrados en delitos graves, especialmente violencia de género, delitos sexuales, corrupción y delincuencia organizada. La propuesta es que este filtro ocurra antes de que una candidatura sea aprobada o registrada oficialmente.
La propuesta señala que se ampliaría la revisión a antecedentes judiciales y denuncias relevantes, evitando con ello que personas con historial problemático lleguen siquiera a aparecer en la boleta y abona a contar un estándar ético de los candidatos, prevenir que personas con antecedentes graves ocupen cargos públicos, así como fortalecer la confianza en el sistema electoral.
Y es que este fenómeno de la injerencia de posibles poderes externos detrás de candidaturas, no es nuevo, esto sí hay que dejarlo muy claro. La incursión del crimen organizado ha estado presente y el ejemplo más evidente es el ex secretario de seguridad pública del gobierno panista de Felipe Calderón quien cumple condena por sus delitos, a él se suman gobernadores principalmente del PRI y del PAN en estados como Tamaulipas y Chihuahua, solo por mencionar algunos.
Se trata pues de dos reformas necesarias que le caen bien al país, que le caen bien a México, a su democracia y sobre todo contribuyen al bienestar de la soberanía y de las y los mexicanos en última instancia ya que estos cambios aseguran un mejor país y un mejor futuro.
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