Una canción de Sabina se titula Mentiras piadosas. Estas son un recurso para sobrellevar relaciones personales y en muchos casos también políticas. Al no decir las cosas directamente se abre un espacio de ambigüedad para dar tranquilidad a quien la requiera y dar a aquellos que necesitan legitimar una postura, un espacio de maniobra.
La Presidenta dijo que su gobierno no daba dinero, ni a TV Azteca, ni a EL UNIVERSAL ni a Reforma. Estamos ante un caso de áspera franqueza. Nos dijo, a voz en cuello, que el dinero público destinado a la comunicación social se usaba de manera patrimonialista. Ella decide a qué medios dar pautas sin reparar en que la comunicación social debe priorizar el derecho de las audiencias. Estas tienen derecho a conocer por la más amplia red de medios, información, útil sobre políticas públicas y asuntos de la administración. Estamos hablando de programas sociales, convocatorias, campañas de vacunación y muchos otros temas que las audiencias de los medios que el gobierno decide bloquear no se enteran porque el gobierno ha decidido que no se anuncia allí, aunque sea útil para las audiencias.
Es un cambio brutal en las prioridades que, además, se presenta (como sangrienta paradoja) cuando quieren regular los derechos de las audiencias. Otros gobiernos también lo hacían, como suelen señalar los amigos de la jabonosa descarga de responsabilidad, pero en este caso tienen que asumir la declaración presidencial que es franca directa y a la cabeza. Es el presidencialismo imperial en toda su dimensión mediática. No tengo duda de que el gobierno de Peña Nieto utilizó millones para reforzar a grupos condicionando su línea editorial. Nunca cumplió con su promesa de crear un instituto que (de manera técnica y autónoma) asignara los recursos, no a los medios adictos al gobierno, sino a los que tuvieran mayor audiencia y aquellos que tuvieran perfiles de audiencia particulares para que determinada información fuera recibida en sus páginas o en sus ondas. López Obrador tampoco cumplió con lo que su vocero me dijo en una mesa en la FIL de Guadalajara de 2018, y lo que hizo fue asignar el dinero con criterios poco claros.
Pero lo dicho por CSP rebasa lo que los gobiernos de la transición han hecho. Decir abiertamente que a ciertos medios reconocidos por su independencia respecto al gobierno no les da dinero porque así lo decidió, es promover una lógica servil que es contraria a toda práctica, saludable entre medios y poder. Y, además, amenaza con meter más candados para atemorizar a los concesionarios. Si se portan bien, hay dinero y si no palo.
En otros países hay ciertas prácticas inadmisibles, como es la fluida relación entre élites políticas y mediáticas; en México el asunto ha sido más fluido, pero creo que un piso mínimo debería ser la existencia de un comité técnico que informara a Legislativo y a la nación sobre los criterios para ejercer la partida de comunicación (que deben ser penetración y niveles de audiencia). Es un trasvase de dinero público que requiere transparencia. Los medios tradicionales publican sus audiencias y niveles de penetración. Pero muchos youtuberos e influencers con problemas se representan a ellos mismos.
No hubiese imaginado que una verdad, como la confesada por CSP, me hubiese llevado a extrañar, mórbidamente, las mentiras piadosas. Qué terrible es constatar que la erosión democrática avanza sin que muchas de las voces que en otro tiempo defendieron la transparencia en el gasto de comunicación hoy sonrían cuando desde el poder se habla con esa dureza y verticalidad.
Analista. @leonardocurzio