El pasado 28 de agosto, la Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presentó ante el Senado de la República una iniciativa de nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. El proyecto retoma parte de la estructura de la ley vigente desde 1988, pero actualiza sus objetivos y recoge todos los objetivos de la ley anterior: garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano; definir principios de política ambiental e instrumentos; la preservación, restauración y mejoramiento del ambiente; la preservación y protección de la biodiversidad, y el establecimiento y administración de áreas naturales protegidas; el aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, restauración del suelo, agua y demás recursos naturales; la prevención y control de la contaminación de la atmósfera, aire, agua y suelo; garantizar la participación responsable, individual o colectiva, en la preservación y restauración ambiental y del equilibrio ecológico y la protección al ambiente; la concurrencia de atribuciones de la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en materia ambiental; el establecimiento de mecanismos de coordinación entre autoridades, instituciones académicas, los sectores social y privado, y personas y grupos sociales, en materia ambiental, y el establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el cumplimiento de la propia ley.

Además de estos, la nueva ley agrega algunos objetivos. Al establecimiento y administración de áreas naturales protegidas suma su manejo y de superficies para la conservación de la biodiversidad.

También agrega entre sus nuevos objetivos, la regulación del aprovechamiento sustentable de la energía e incremento gradual de la participación de las energías limpias, así como el impulso de medidas de carácter global en materia de cambio climático.

Busca normar, además de la prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo, la de la atmósfera, así como la protección de la capa de ozono.

La iniciativa añade como una finalidad también el respeto a los derechos humanos ambientales, a través de la promoción, transparencia, participación, acceso a la información en materia de medio ambiente y recursos naturales, y la justicia ambiental, así como la promoción y garantía de entornos seguros y propicios para el ejercicio de los derechos de las personas defensoras de derechos humanos ambientales, con el auxilio de las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno.

También se añade a los propósitos de la nueva ley la implementación de instrumentos, criterios de equivalencia ambiental y ecológica, valoración económica y financiera, así como mecanismos de operación de proyectos establecidos en el Programa Nacional de Restauración Ambiental, de adaptación al cambio climático, y de educación ambiental, así como regular la modificación de medidas de compensación por efectos negativos al ambiente.

Finalmente, la iniciativa planea que, a través de la nueva regulación general ambiental, se formule y conduzca la política sobre la conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad en su ámbito territorial, que debe armonizarse con la política nacional en la materia a través de la elaboración, implementación, evaluación y actualización de la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad.

En una próxima entrega seguiré comentando sobre cómo articula la nueva regulación que se propone en materia ambiental los objetivos señalados, dada su trascendencia social.

Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

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