En septiembre se cumplen doce años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Tras estos hechos, la entonces Procuraduría General de la República detuvo en 2014 a policías municipales, integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, así como al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda. Asimismo, presentó la denominada “verdad histórica”, según la cual los estudiantes habrían sido privados de la vida e incinerados en el basurero de Cocula.
Ante el descontento de la versión, en 2015, tras un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano y las familias de los 43 estudiantes; el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) revisó el caso y cuestionó la versión oficial, señalando irregularidades, manipulación de evidencias y deficiencias en la investigación.
En 2019, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), derivado de ello, se reabrieron diversas líneas de investigación, se cumplimentaron nuevas órdenes de aprehensión y se logró la identificación de restos de algunos de los estudiantes mediante análisis genéticos realizados con la colaboración de instancias internacionales especializadas.
En 2022, el gobierno federal presentó un informe que califica lo ocurrido como un "crimen de Estado", lo que dio continuidad a la revisión de expedientes, evidencias documentales, registros telefónicos y testimonios vinculados con la desaparición de los estudiantes.
La exigencia de verdad y justicia está vigente. Las investigaciones han continuado. El 6 de agosto se registró un nuevo avance, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que, tras ordenar un reanálisis profundo de las investigaciones, se recabaron elementos que apuntan a la posible participación de Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero en 2014, en la destrucción de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes, por lo que un juez ordeno su aprehensión.
El argumento es contundente, la noche del 26 de septiembre el autobús en el que viajaban los normalistas fue videograbado por las cámaras de seguridad 12 y 15 ubicadas al exterior del palacio de justicia del estado en Iguala en el momento en que era detenido por policías estatales y municipales. Aunque inicialmente se afirmó que las grabaciones no existían por fallas del sistema, investigaciones posteriores demostraron que esa versión era falsa.
De acuerdo con lo informado por la FGR, de las investigaciones se desprende la existencia de las videograbaciones, la sustracción de éstas para entregarlas a Ángel Aguirre, quien habría ordenado en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno, desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Iguala.
La fiscalía ha dicho que cuenta con los elementos que acreditan la instrucción de ocultamiento dada directamente por el exgobernador con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel. Fue una acción dolosa en la cúpula del poder ejecutivo estatal que configuran delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.
La detención del exgobernador es uno de los actos más relevantes en las investigaciones recientes. Da paso a otra etapa en uno de los casos más dolorosos de la historia reciente de México. Las nuevas evidencias podrían aportar información relevante para comprender lo ocurrido y determinar responsabilidades. Como lo ha expresado nuestra presidenta la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, el objetivo central es conocer la verdad de lo sucedido, hacer justicia y avanzar en la localización de los estudiantes desaparecidos.
Presidenta del Senado