Con la aprobación de un periodo extraordinario en el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados se prepara para discutir una nueva propuesta de reforma al Poder Judicial enviada por el Ejecutivo Federal. El dictamen recaerá en la Comisión de Puntos Constitucionales y representa una oportunidad para corregir un diseño institucional que, desde su origen, dejó más dudas que certezas.
Reconfigurar el sistema de justicia de un país exige responsabilidad, visión de Estado y capacidad para construir instituciones sólidas. México enfrenta una realidad marcada por la violencia, altos niveles de impunidad y una profunda desconfianza ciudadana. En ese contexto, cualquier reforma debería priorizar el fortalecimiento institucional, la profesionalización de jueces y magistrados, así como la consolidación de carreras judiciales sustentadas en el mérito, la experiencia y la preparación.
Sin embargo, al revisar la iniciativa, la expectativa inicial se desvanece. Aunque se modifican fechas, procedimientos y reglas de organización electoral, el fondo del problema permanece intacto. Se busca trasladar la lógica electoral a la integración del Poder Judicial, apostando nuevamente por mecanismos que privilegian la improvisación sobre la capacidad técnica y la independencia judicial.
La reforma de 2024 ya había dejado al descubierto múltiples inconsistencias. Una de las más evidentes continúa sin resolverse: la contradicción entre los artículos 94 y 97 constitucionales respecto a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras uno establece una presidencia rotatoria cada dos años conforme al número de votos obtenidos en elección popular, el otro mantiene el esquema de elección interna del Pleno cada cuatro años. Esta omisión mantiene viva una antinomia constitucional que genera incertidumbre sobre aspectos elementales del funcionamiento del máximo tribunal.
A ello se suma otro tema delicado: la posibilidad de hacer coincidir la revocación de mandato con elecciones federales, locales y judiciales. Esta propuesta ya había sido discutida y rechazada anteriormente por los riesgos que implica para la equidad en la contienda electoral. Incorporar en una misma jornada mecanismos de participación ciudadana junto con procesos electorales ordinarios puede alterar las condiciones de competencia y favorecer la exposición política de quienes ejercen el poder.
La agenda legislativa del próximo periodo extraordinario no se limitará a la reforma judicial. También se discutirán modificaciones en materia electoral relacionadas con la selección de candidaturas, medios de impugnación y causales de nulidad. Todo apunta a un debate intenso entre las distintas fuerzas políticas, en un momento especialmente sensible para la vida institucional del país.
México no necesita una reforma cosmética, sino modificaciones de fondo que garanticen un Poder Judicial fuerte, independiente y profesional, así como procesos electorales capaces de asegurar un sistema libre de cualquier injerencia de la delincuencia organizada.
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