El reciente anuncio del gobierno federal sobre la explotación de hidrocarburos mediante fracking reabre un debate que México ha pospuesto durante años: cómo garantizar su seguridad energética en un entorno global cada vez más incierto. Aunque la definición llega tarde, se orienta en la dirección correcta. Hoy, más que nunca, el país requiere decisiones claras con visión de Estado, enfocadas en el interés nacional y en el desarrollo de largo plazo.
México tiene la posibilidad de avanzar hacia una verdadera soberanía energética si aprovecha de manera responsable sus recursos naturales. En este contexto, la extracción de gas natural no es únicamente una alternativa técnica, sino una necesidad estratégica frente a la alta dependencia de importaciones —particularmente de Estados Unidos— que expone al país a riesgos estructurales y limita su capacidad de respuesta ante escenarios adversos.
El desarrollo del fracking debe entenderse como parte de una política energética integral. No se trata solo de incrementar la producción, sino de hacerlo con visión de largo plazo, garantizando el abasto, fortaleciendo la competitividad y reduciendo vulnerabilidades. Esto implica asegurar que su implementación se realice con estricto apego a las normas ambientales, mediante el uso de tecnología de punta y bajo una supervisión regulatoria efectiva, donde la sostenibilidad se consolide como el eje rector de cada decisión pública.
En este proceso, la participación de la iniciativa privada será determinante para detonar inversión, innovación y desarrollo tecnológico. Bajo el principio constitucional de que los recursos energéticos son propiedad de la nación, la colaboración con el sector privado permite complementar las capacidades del Estado y fortalecer a Petróleos Mexicanos, particularmente en áreas donde la experiencia técnica resulta indispensable. Al mismo tiempo, avanzar en esta ruta exige consolidar un marco de certeza jurídica que genere confianza tanto para inversionistas como para la ciudadanía.
El anuncio del gobierno federal marca un punto de inflexión al colocar sobre la mesa la necesidad de transitar hacia una mayor autosuficiencia energética. Este debate debe alejarse de posturas ideológicas y centrarse en una discusión técnica y estratégica sobre el futuro energético del país, sus implicaciones económicas y su impacto en el desarrollo nacional.
México enfrenta una oportunidad que exige decisiones firmes y bien ejecutadas. Aprovechar sus recursos con visión ambiental, eficiencia administrativa y claridad institucional permitirá consolidar una política energética sólida, orientada al bienestar de las familias y al crecimiento sostenible.
El país cuenta con la capacidad para avanzar hacia una verdadera soberanía energética; lo que está en juego es consolidarla con visión de Estado, reglas claras y compromiso con las futuras generaciones. Hoy se abre una ruta que demanda determinación institucional para traducirse en resultados concretos.
Presidenta de la Cámara de Diputados
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