Dos reformas, una constitucional y otra legal, abren una discusión de fondo: cómo impedir la injerencia externa y la intervención del crimen organizado sin convertir el marco electoral en un instrumento para excluir adversarios.
En política, las reglas nunca son neutras cuando se modifican de cara a una elección decisiva. Por eso, las reformas presentadas bajo el argumento de proteger la integridad electoral deben analizarse no sólo por lo que dicen, sino por lo que podrían permitir rumbo a 2027: reconfigurar el terreno de la competencia democrática mediante causales con amplios espacios de interpretación, filtros reservados y mecanismos capaces de decidir quién puede competir y quién queda fuera.
Las dos reformas forman parte de una misma discusión y apuntan a modificar, por vías distintas, las condiciones de la competencia electoral. La constitucional busca incorporar la injerencia extranjera como causal de nulidad, bajo el argumento de proteger la soberanía del voto frente a financiamiento ilícito, ciberataques, desinformación o presión de gobiernos extranjeros. La legal propone crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, integrada por consejeros del INE, para revisar perfiles y advertir posibles vínculos con el crimen organizado. El objetivo declarado de ambas reformas puede sonar razonable en la medida en que buscan impedir que la presión externa o el dinero ilegal y la captura criminal contaminen la voluntad ciudadana. Sin embargo, el problema aparece cuando esa intención se traduce en normas con conceptos amplios o criterios discrecionales, pues entonces el instrumento creado para proteger la elección puede terminar debilitando la certeza democrática. En política electoral, un mal diseño puede convertir una causa legítima en una herramienta de riesgo.
Lo que parece como una defensa de la soberanía frente a la injerencia extranjera, desde una lectura crítica puede convertirse en una forma de nulidad a modo. La preocupación no radica en castigar financiamiento o intervención indebida, sino en que una causal con amplios espacios de interpretación permita usar vínculos internacionales legítimos para impugnar resultados, erosionar candidaturas competitivas o cuestionar elecciones incómodas, en un contexto institucional donde varias de las autoridades llamadas a interpretar y resolver mantienen afinidad política con el proyecto que impulsa la reforma.
Una causal de nulidad electoral debe ser excepcional, objetiva y plenamente acreditada; de lo contrario, puede dejar de ser una garantía de legalidad para convertirse en una herramienta política frente a resultados adversos. El riesgo es que, bajo el argumento de proteger la soberanía nacional, se abra una ruta para invalidar triunfos opositores o extender la incertidumbre postelectoral.
La segunda reforma plantea un dilema semejante, pues reconoce una preocupación legítima como evitar la infiltración del crimen organizado en candidaturas, campañas y gobiernos locales, pero propone un mecanismo cuya eficacia dependerá de reglas mucho más claras. La narcopolítica no se combate sólo con alertas confidenciales ni con revisiones sin consecuencias jurídicas definidas, sino con investigaciones serias, pruebas verificables, fiscalías eficaces, inteligencia financiera y jueces independientes. Si la Comisión opera de manera preventiva, voluntaria, no vinculante y con información reservada bajo la noción de “riesgo razonable”, podría generar más incertidumbre política que certeza institucional.
El riesgo político aparece cuando la Comisión deja de operar como un verdadero filtro contra la infiltración criminal y se convierte en un mecanismo para administrar alertas o debilitar perfiles competitivos mediante señalamientos de difícil verificación. Sin acceso pleno al expediente o a la fuente de la información, la defensa queda limitada; y ante una filtración, el daño reputacional puede ser irreversible, incluso si después se demuestra que la alerta era infundada o incompleta.
México tiene que impedir que el crimen organizado capture boletas, campañas y gobiernos; esa es una urgencia nacional. Pero combatir esa amenaza no puede servir como pretexto para excluir adversarios, desgastar candidaturas competitivas o validar selectivamente perfiles cercanos al poder. La democracia no se defiende sustituyendo pruebas por sospechas, ni justicia por filtros políticos.
El punto, por tanto, es elevar el estándar: si en verdad se quiere blindar la elección de 2027, deben existir reglas claras, controles verificables y pleno respeto al debido proceso. Debe haber control jurisdiccional, fiscalización efectiva del dinero de las campañas y consecuencias para los partidos que postulen perfiles con vínculos comprobados con la delincuencia.
Porque el dilema democrático no está entre combatir o no combatir al crimen; eso es indispensable. El verdadero reto es hacerlo con instituciones fuertes, evitando que la bandera del combate al crimen organizado sirva para rediseñar, desde el poder, quién puede competir y en qué condiciones.
México debe cerrar la puerta a la injerencia extranjera y al crimen organizado. Pero no puede abrir, en nombre de esa causa, la ventana de la nulidad a modo ni del veto político rumbo a 2027.
Presidenta de la Cámara de Diputados
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