Los Precriterios Generales de Política Económica 2027 (PGPE 2027) presentados por la Secretaría de Hacienda a principios de mes, son el primer planteamiento formal del marco macroeconómico y fiscal que dará sustento al Paquete Económico que se aprobará a finales de 2026. Si bien es claro en metas de consolidación fiscal, estas descansan en un conjunto de supuestos macroeconómicos y una trayectoria aparentemente estable de la deuda pública que buscan transmitir certidumbre en un entorno internacional que actualmente es complejo. Sin embargo, la evidencia histórica muestra que este marco muy preliminar suele quedar rebasado. En ese sentido, más allá del requerido análisis técnico, lo que está en evaluación es el optimismo que el gobierno federal pretende transmitir.
El escenario planteado por Hacienda proyecta para 2027 un crecimiento económico en un rango de entre 1.9% y 2.9% —para 2026 sostiene el rango de 1.8%-2.8% aprobado por el Congreso aun cuando el consenso de analistas no supera 1.5%—, una inflación convergiendo hacia el objetivo de 3.0% tras elevarlo a 3.7% para 2026 (las perspectivas de los analistas ya superan 4%), un tipo de cambio relativamente estable (18.5 pesos) y una disminución en las tasas de interés hacia niveles de 5.5%, lo que implica continuidad de la relajación monetaria.
En el ámbito fiscal, se plantea una reducción de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RSFP) a 3.5% del PIB desde 4.1% estimado para el cierre de 2026, la obtención de un balance primario positivo de 1.1% y una estabilización de la deuda en torno a 55% del PIB. Este conjunto de variables configura una narrativa de consolidación fiscal ordenada; no obstante, la narrativa descansa en condiciones macroeconómicas que, vistas a la luz del entorno actual, resultan difíciles de alcanzar.
En particular destaca la manera en que el marco incorpora implícitamente la idea de que los choques externos recientes —especialmente los derivados del conflicto en Medio Oriente, que han incrementado la volatilidad financiera, presionado al alza los precios energéticos y elevado la incertidumbre global— tendrán un carácter transitorio y no afectarán de manera significativa el desempeño económico en 2027. Este supuesto es crucial, ya que de ello depende la convergencia de la inflación hacia el objetivo, la moderación en los precios de los combustibles y la recuperación de condiciones financieras más laxas, especialmente el costo financiero de la deuda. Sin embargo, la evidencia reciente sugiere que estos choques tienden a tener efectos más persistentes, particularmente a través de canales como los costos energéticos, las cadenas de suministro y las primas de riesgo. Asumir su disipación rápida implica un sesgo optimista que puede subestimar presiones inflacionarias y riesgos sobre el crecimiento.
La credibilidad de los supuestos también se pone en entredicho al contrastarlos con el consenso de analistas y organismos internacionales, que ubican las expectativas de crecimiento en niveles más moderados. Por ejemplo, la encuesta de Banxico de marzo indica 1.44% para 2026 y 1.79% para 2027. Esta diferencia, que no es marginal, tiene implicaciones fiscales relevantes debido a la elevada sensibilidad de los ingresos públicos al ciclo económico. Según el propio documento oficial, una variación de un punto porcentual en el crecimiento del PIB se traduce en alrededor de 65 mil millones de pesos en ingresos tributarios adicionales o faltantes. En este contexto, un crecimiento más cercano al consenso implicaría una brecha significativa respecto a los ingresos proyectados, lo que presionaría el cumplimiento de las metas fiscales.
En este contexto, el riesgo de que la deuda pública continúe su trayectoria ascendente especialmente su costo financiero es elevado de no cumplirse con las metas de ingresos. Cabe señalar que para cierre de 2026 el SHRFSP podría incrementarse a 20.42 billones, en tanto que para 2027 se tiene como base inicial un saldo de 21.85 billones, es decir, 1.59 billones de pesos de deuda acumulada nueva.
El principal desafío para las autoridades hacendarias no radica en la consistencia interna del marco presentado, sino en su credibilidad. En este sentido, fortalecer la credibilidad del marco fiscal requerirá no sólo cumplir con las metas planteadas, sino avanzar hacia estimaciones más realistas, ampliar la base de ingresos de manera estructural y dotar al gasto público de mayor flexibilidad. De lo contrario, la estabilidad proyectada podría sostenerse en el corto plazo, pero a costa de posponer nuevamente los ajustes de fondo que el entorno económico demanda.
*Presidente de Consultores Internacionales, S.C.
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