Hago más explícita la pregunta: ¿por qué secuestraron hace poco más de un mes (2 de junio) y asesinaron en Veracruz -su lugar de residencia- a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, reportera y directora de Pulso Informativo del Sureste? Sus restos fueron encontrados hace unos días y finalmente enterrados por sus familiares y amigos el martes pasado. ¿No ha pasado tiempo suficiente para saber cuál fue el móvil? Es muy relevante saberlo porque de ahí se desprende otra pregunta vital: ¿de qué se tienen que cuidar las y los colegas veracruzanos? Del crimen organizado, ¿pero también de policías locales y funcionarios gubernamentales?
Por ello reitero: ¿alguien puede informarnos con absoluta certeza por qué la levantaron en su domicilio ubicado en el municipio de Nanchital y por qué la golpearon y torturaron y luego calcinaron parte de sus restos, de acuerdo a lo publicado el lunes en este diario por Héctor de Mauleón? ¿Alguien nos puede informar? Insisto porque el 15 de junio, dos semanas después de la desaparición de Roxana Berenice, la gobernadora de Veracruz afirmó categóricamente que su secuestro no se debía a sus actividades profesionales, “no fue por tu trabajo”, aseguró. A estas alturas de la vida, con su historial de imprecisiones (por decirlo suavemente), ya es sumamente difícil creerle algo a Rocío Nahle, pero si declaró tal cosa en ese momento podría entonces informarnos cuál fue la causa, según ella, de tan espantoso asesinato cometido, según las indagatorias, por un grupo criminal protegido por policías municipales de Ixhuatlán del Sureste.
No podemos seguir normalizando los asesinatos de periodistas. Necesitamos saber por qué mataron a nuestra colega veracruzana y es imperativo -subrayo- tener claro de qué y de quién hay que cuidarse allá, aunque parezca una obviedad. La mejor manera de combatir la impunidad homicida en este país es saber quién y por qué manda a matar a alguien.
¿Qué tiene que decir la gobernadora? ¿Y la Fiscalía del estado? No está por demás recordarle a la mandataria que Veracruz es una entidad letal para periodistas mexicanos: 33 asesinados en este siglo, desde el 2000 para acá. Ciertamente durante el gobierno del priista Javier Duarte (2010-2016) ocurrieron 18 de esos 33 homicidios, pero… ¿en qué democracia estatal asesinan en promedio un periodista al año por su trabajo? ¿En qué región de Chile, de Argentina, de España, de Canadá, de Estados Unidos?
Todos y cada uno de los colegas y las colegas que trabajan en Veracruz tienen derecho a saber a detalle cuál fue la causa del brutal homicidio de Roxana Berenice para que ellas y ellos mismos se cuiden de algo específico y no quede todo, una vez más, en la vaguedad y la ambigüedad, como fue el caso de mi amigo Ciro Gómez Leyva que, hasta donde sé, seguimos sin saber por qué lo intentaron matar.
Prosigo machacando, ahora también a la FGR que atrajo el caso, y pregunto de nuevo: a partir del doloroso caso de Roxana Berenice, ¿de qué se tienen que cuidar las y los periodistas veracruzanos? ¿De qué o de quiénes van a proteger el gobierno federal y el estatal a los periodistas y cómo los van a blindar? ¿O no harán nada para cuidar a esta gente ante la impunidad con la que suele desenvolverse el crimen organizado en ese estado?
Es verdad que desde hace décadas la insolencia criminal ha sido una realidad en Veracruz, pero más allá de las ineptitudes de priistas y panistas en esa entidad, hay que recordarle a la gobernadora que al menos en este caso el Estado mexicano sí fue cómplice, ya que, de acuerdo con las primeras pesquisas, al menos tres policías municipales no sólo daban protección a la banda asesina (Grupo Sombra, o Mafia Veracruzana, según publicó De Mauleón) sino que literalmente… alimentaban a capos y sicarios.
Nahle aseveró en conferencia de prensa que en Veracruz existe “una completa libertad de expresión y de ninguna manera se reprime a aquellos que la ejercen”. Ah, mire usted, qué bien, pero me parece que el crimen organizado y algunos cuerpos policiales no han recibido el memo, ¿eh?
Digo.
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