El pasado mes de agosto el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), presentó su investigación “El Costo del Agua en México - Análisis de las Tarifas y sus Impactos para la Sociedad”. Este estudio aborda varios temas importantes, como la necesidad de un precio justo para un recurso que tiene un costo que debe tomar en cuenta la inversión, almacenamiento, conducción, mantenimiento, potabilización, tratamiento, descargas, electricidad, salarios y gastos administrativos asociados al servicio del agua. Así mismo evidencia su falta de criterios claros y transparentes para la asignación de tarifas.
Como ya hemos planteado en este espacio, los entes encargados de prestar y cobrar los servicios de agua potable, drenaje, saneamiento y disposición de aguas residuales son los Organismos Operadores (OP), que son más de 2,500 en todo el país, y que se encargan del cobro del agua.
Las tarifas que se cobran a la población no necesariamente reflejan el costo total para un OP, pues suele haber subsidios, tanto para el agua de uso doméstico o agropecuario, como para la tarifa de la energía eléctrica necesaria para operar. Finalmente, las tarifas de agua son definidas por el congreso de cada estado sin que quede muy claro el criterio que se usa, pues normalmente la decisión se toma dándole un peso superior al interés político y no a un análisis de todos los costos relacionados. Es ahí donde los OP se encuentran con un gran reto técnico y administrativo: dotar a la población de agua de calidad a precios que, en muchos casos, ni siquiera cubre los costos.
Por lo tanto, los OP buscan estrategias para poder dar un servicio decente a pesar de trabajar en números rojos. Por ejemplo, en el sector agropecuario hay algunos OP que han recurrido a aportaciones voluntarias extraordinarias para poder dar mantenimiento o construir infraestructura necesaria para dotar de agua a sus usuarios. Por otra parte, hay algunos OP, sobre todo en zonas urbanas, que han tenido que solicitar apoyo del recurso público que brinda la CONAGUA o las Comisiones Estatales de Agua, pues no tienen la solvencia para hacerlo de otro modo.
Hay algunos esfuerzos aislados por mejorar la calidad del agua, como el caso de Querétaro, donde se han concesionado los OP a la iniciativa privada, aunque sin los recursos y apoyo necesarios.
En regiones con alta demanda de agua, como en Quintana Roo, donde el crecimiento en vivienda, hoteles y centros turísticos ha rebasado a los OP, se han creado reglas mediante las cuales, para otorgar permisos de construcción, se exige que los inversionistas construyan infraestructura hídrica (pozos, plantas, líneas de conducción, etc.) misma que, al terminarse, será donada al OP para administrarla y mantenerla.
Si bien esta práctica no parece descabellada en primera instancia, el problema es que el desarrollador no necesariamente utiliza las mejores técnicas ni los materiales de mayor calidad, además suelen trasladar estos costos al cliente final, por lo que se estaría comprando una casa, bodega o terreno a un precio mayor y sin la garantía de tener acceso a agua de calidad.
Por si fuera poco, en más de un caso, el OP no tiene la capacidad de administrar y mantener la infraestructura que recibe. Sólo hace falta ver las condiciones en las que operan la mayor parte de las plantas de tratamiento de agua de nuestro país.
Después nos preguntamos por qué somos el país que más consume agua embotellada en el mundo, o por qué la proliferación de los negocios rellenadores de agua que ponen en riesgo nuestra salud al ofrecernos agua de la llave como si fuera agua de calidad. Tenemos que mejorar la gestión del agua, involucrarnos en todos los aspectos y exigir a las autoridades que pongan reglas claras y recursos en pos de una mejor calidad de agua.
Presidente de la Asociación mexicana para la correcta hidratación, AC,
