Uno de los problemas que enfrenta nuestro país en la actualidad es la manera de afrontar los reclamos del gobierno de Estados Unidos, por los delitos que diversos mexicanos cometen en agravio de su población. A diario hay acusaciones y/o filtraciones por las conductas de distintos personajes públicos y privados relacionados con fentanilo, huachicol o lavado de dinero. La solicitud de detención provisional con fines de extradición de 10 individuos del entorno del exgobernador Rocha Moya mostró, además del actuar de las autoridades de Estados Unidos, la fragilidad de nuestras decisiones institucionales. Más allá de la motivadora invocación al himno y la bandera nacionales, poco es lo que en nuestro país se está haciendo para garantizar la soberanía nacional.
La defensa de México no puede ser el patrioterismo. Los argumentos de la presidenta y sus agentes se han agotado por su falta de eficacia. Ante las acusaciones relativas a la conducta de diversos políticos y empresarios, no es posible responder con simbologías nacionales que poco les significan a los extranjeros.
En la disyuntiva que se encuentra nuestro país —acatar el tratado bilateral o desconocer la práctica que lo ha sustentado—, las respuestas debieran concentrarse en el fortalecimiento de los mecanismos para combatir a las delincuencias. Si lo que por ahora nos están reclamando jurídicamente los estadounidenses es la falta de actuación en materia de procuración e impartición de justicia, es razonable asumir que las acciones nacionales debieran ser por su reforzamiento. Esta decisión sí tendría un carácter soberano, puesto que seríamos nosotros mismos quienes tomaríamos la decisión de actualizar y potenciar nuestro sistema de justicia para que, conforme a nuestras propias reglas y procedimientos, sancionemos a quienes violaran nuestras propias leyes.
El problema con esta solución de tan simple planteamiento es que contradice las lógicas del obradorismo y del morenismo en, al menos, lo que tiene que ver con la judicatura resultante del proceso electoral de 2025. Ello es así porque tal ejercicio se llevó a cabo para controlar a los jueces, y otorgarles impunidad tanto a los personajes como al movimiento de la así llamada “Cuarta Transformación”.
Poco es lo que se ha hecho en la procuración de justicia más allá del control sobre los titulares de muchas de las fiscalías y de sus principales funcionarios. Llevamos años en los que —y a pesar de su mal funcionamiento— no hemos reflexionado sobre lo que debieran ser estas instituciones y sus auxiliares —policías de investigación, servicios forenses, etc.—, en las condiciones geopolíticas y de criminalidad que padecemos.
Para comenzar a entender el problema y sus soluciones, es conveniente que nuestras autoridades lean la “Radiografía de las fiscalías en México: evaluar para fortalecer la procuración de justicia”, que acaban de publicar México Evalúa y la Fundación Naumann. El trabajo contiene un diagnóstico de los desafíos que enfrentamos y propuestas viables para mejorar un capítulo central del combate a las delincuencias, como reorientar el modelo de gestión, fortalecer el modelo acusatorio, utilizar mecanismos alternativos, profesionalizar la carrera, ejecutar las órdenes de aprehensión, reestructurar la organización, generar rendición de cuentas, impulsar las tecnologías y crear indicadores de evaluación del desempeño.
La implementación de ese tipo de medidas constituiría verdaderos actos de soberanía; realizarían lo que nuestra Constitución dispone y darían lugar a una adecuada institucionalidad frente a las demandas que desde el exterior se nos hacen.
Ministro de la SCJN en retiro. @JRCossio