El trágico accidente ocurrido el pasado 19 de abril en las profundidades de la Sierra Tarahumara ha puesto al descubierto mucho más que un siniestro carretero; ha revelado una grieta en la lealtad institucional y un desafío frontal a nuestra Constitución. La muerte de dos agentes de la CIA y dos funcionarios
estatales de Chihuahua en un operativo de campo no solo es una desgracia humana, sino una señal de alerta sobre la erosión de la legalidad que algunos gobiernos locales pretenden normalizar.
No eran personal administrativo ni de enlace diplomático, sino agentes de campo pertenecían al área de operaciones encubiertas contra el narcotráfico, específicamente vinculados a la Dirección de Operaciones Especiales de la Agencia. Adscritos a la oficina de la CIA en Ciudad de México, que mantenía coordinación con la Embajada de Estados Unidos.
Ante estos hechos, la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha sido de una claridad meridiana y de una firmeza ejemplar. No se trata de un simple desacuerdo administrativo; se trata de la defensa de la Soberanía Nacional, ese principio que nos define como país libre y que no está sujeto a negociaciones debajo de la mesa ni a convenios estatales que ignoran la Ley Suprema.
La Ley no es sugerencia, es mandato
La Presidenta lo ha dicho con la fuerza que el cargo exige: en México, la presencia de agentes extranjeros tiene reglas claras. Nuestra Constitución, en su Artículo
89, es tajante al señalar que el Ejecutivo Federal es el único facultado para conducir la política exterior. Por otro lado, el Artículo 117 prohíbe terminantemente a los estados celebrar alianzas con potencias extranjeras.
Lo ocurrido en Chihuahua, bajo el amparo de la administración estatal, parece haber ignorado estas premisas. Permitir que agentes de la CIA realicen operaciones de campo —tareas que la Ley de Seguridad Nacional limita estrictamente al enlace y la inteligencia teórica— es una extralimitación de funciones que pone en riesgo la estabilidad del Estado Mexicano.
Una Presidenta que ejerce la autoridad con dignidad
Mientras el gobierno estatal intenta justificar lo injustificable, la Doctora Sheinbaum ha actuado como la verdadera Jefa de Estado que México necesita. Al emitir la
nota diplomática de extrañamiento hacia el gobierno de los Estados Unidos y exigir cuentas claras al gobierno de Chihuahua, la Presidenta envía un mensaje potente al mundo: México es un socio cooperativo, pero no un territorio de libre tránsito para operaciones de inteligencia extranjera sin control.
La lucha contra el narcotráfico y el desmantelamiento de laboratorios de drogas sintéticas es una prioridad nacional, pero nunca debe ser la excusa para pisotear nuestra dignidad soberana. La eficacia en la seguridad no está peleada con el respeto a nuestras leyes; al contrario, solo a través del orden constitucional se logra una paz duradera.
El camino hacia adelante
Desde la Cámara de Diputados, respaldamos la determinación de la Presidenta para esclarecer estos hechos. No podemos permitir que la colaboración binacional se convierta en subordinación. México ha dejado de ser el patio trasero de nadie.
La presidenta Sheinbaum ha demostrado que su mano no tiembla cuando se trata de proteger la integridad del territorio y la jerarquía de nuestras leyes. Hoy, más que nunca, la unidad nacional debe cerrarse en torno a quien ostenta el mandato popular para dirigir los destinos de la República con inteligencia, patriotismo y, sobre todo, con un respeto absoluto a la Constitución.
En Chihuahua se perdió una batalla contra la opacidad, pero en el Palacio Nacional se está ganando la lucha por la dignidad de México.
Diputado federal
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