Todo empezó con una carta recibida el 21 de febrero de 2025 en el Consulado de México en Nueva York, enviada por Ismael “El Mayo” Zambada, ya detenido en Estados Unidos, en la que denunciaba haber sido secuestrado y trasladado ilegalmente. Pedía ser juzgado en México y exigía su repatriación. Claudia Sheinbaum llevó ese escrito a la mañanera, lo colocó en el centro del debate y abrió la puerta para traer al capo de regreso. El fiscal Alejandro Gertz Manero planteó públicamente una estrategia legal para ello.
Pero lo relevante no era el argumento del Mayo, sino los nombres que aparecían en su misiva. En ella acreditaba como sus representantes legales en México a Juan Manuel Delgado y Juan Pablo Penilla. Estos dos abogados, junto con su socio Sergio Ramírez, cuentan con un largo historial como defensores de personajes de alto perfil del crimen organizado, como Miguel Ángel Treviño, el Z-40.
Defender a narcotraficantes no implica ilegalidad alguna. Es su trabajo y la Constitución lo permite. Lo que llama la atención es que, en los casos de Penilla y Ramírez, su actividad no se ha llevado a cabo desde los márgenes, sino desde el centro del poder.
Sergio Ramírez es militante de Morena desde 2018, fue candidato suplente a diputado en 2021 y ha asesorado durante años a legisladores del partido. En junio de 2025 trascendió que promovió un amparo para protegerse de una posible orden de aprehensión, en un caso de lavado de recursos vinculado a Roberto Moyado Esparza, “El Betito”, líder de La Unión Tepito, quien habría sido su cliente. Juan Pablo Penilla fue homenajeado en el Senado por legisladores de Morena en al menos dos ocasiones y, desde 2021, fue nombrado asesor jurídico del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.
Salieron a la luz decenas de fotografías en las que los abogados aparecen junto a figuras clave del régimen, incluidos López Obrador y Claudia Sheinbaum, pero también Clara Brugada, Ricardo Monreal, Sergio Gutiérrez Luna, Mario Delgado, Martí Batres y Pedro Haces, entre muchos otros. Pero hay imágenes que debieron encender todas las alarmas: fotos con Arturo Zaldívar, exministro de la Corte y hoy asesor de Sheinbaum; con Alejandro Gertz Manero, exfiscal general de la República; con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad; y con Audomaro Martínez, responsable de inteligencia en el sexenio pasado. Abogados que públicamente se dedican a defender criminales, posando con quienes tienen en sus manos la seguridad nacional, la procuración y administración de justicia y la inteligencia del Estado. Eso no es anecdótico, es gravísimo.
De acuerdo con imágenes publicadas en redes sociales por la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, estos abogados habrían participado en reuniones de trabajo como asesores en Bucareli, en la construcción de la llamada justicia transicional, un esquema que planteaba negociar con cárteles bajo la bandera de la pacificación. Es decir, quienes defendían a narcotraficantes también estaban sentados en espacios donde se discutía la posible amnistía a criminales.
Durante meses se intentó minimizar la relación de Penilla y Ramírez con el obradorismo. Que si eran coincidencias, que si no había relación formal, que si no eran funcionarios. En especial, se argumentó que solo eran abogados haciendo su trabajo, sin acusaciones directas en su contra. Pero cuando los puntos se conectan, dejan de ser coincidencias.
Esta semana estalló algo que cambia todo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Juan Pablo Penilla dentro de una red vinculada al Cártel del Noreste. No lo hizo por ser abogado de narcotraficantes, sino por algo mucho más grave. Lo señala como facilitador del cártel, como alguien que operaba en su beneficio, como intermediario entre su estructura operativa y su liderazgo.
No es un matiz, es una acusación directa. La sanción implica el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y la extensión del castigo a cualquier empresa en la que tenga participación relevante. En términos reales, es una expulsión del sistema financiero global.
El Cártel del Noreste ya fue catalogado por Estados Unidos como organización terrorista, lo que permite sancionar no solo a quienes cometen delitos directamente, sino también a quienes brindan apoyo material. Eso es exactamente lo que se le atribuye a Penilla, que dejó de ser un abogado externo para convertirse en parte de la estructura formal de la grupo.
Todo lo anterior deja de ser contexto y se convierte en evidencia. La carta del Mayo ya no es un episodio aislado, es el inicio visible de una relación. Las fotografías dejan de ser irrelevantes y se vuelven patrón. Los vínculos dejan de ser casuales y se convierten en estructura.
Ya son demasiados elementos que apuntan en la misma dirección, la de los vínculos indisolubles de políticos del obradorismo con la delincuencia organizada. López Obrador prometió separar el poder económico del poder político, pero nunca habló de la unión entre el poder político y el poder criminal. Hoy esa relación no solo ha trascendido al gobierno de Sheinbaum, además está documentada, normalizada y más estrecha que nunca.