En los últimos días se han registrado una serie de hechos que lamentablemente han cobrado la vida, la salud y el bienestar físico y mental de migrantes que utilizan a nuestro país como trampolín para alcanzar el llamado “sueño americano”. Sin embargo, ese afán se ha convertido en una auténtica pesadilla por las ineficientes, opacas e insensibles políticas migratorias puestas en marcha por el actual gobierno federal.

El 27 de marzo ocurrió un trágico incendio en un centro de detención de migrantes del Instituto Nacional de Migración (INAMI) en Ciudad Juárez, Chihuahua que causó la muerte de al menos 40 migrantes de diversas nacionalidades, así como graves afectaciones a la salud de los sobrevivientes. Este lamentable suceso es atribuible a la corrupción, negligencia y falta de atención de la actual administración hacia los migrantes, quienes estaban bajo su resguardo en condiciones infrahumanas.

La primera reacción del presidente ante el suceso fue la de culpar a las víctimas, aduciendo que ellos habían prendido fuego a los colchones en un supuesto motín. Dichas expresiones del presidente fueron falaces, vergonzosas y reprobables: horas después circularon las imágenes en que se demostró que si bien, el fuego fue provocado por algunos de los migrantes asegurados —protestando precisamente por las condiciones deplorables en que se encuentran— la conducta de los responsables de la estancia migratoria fue deliberada al encerrar bajo llave a los migrantes, y abandonarlos condenándolos a una muerte segura.

No obstante, lo anterior, el titular del ejecutivo quiso distraer a la opinión pública. Como ha sido su costumbre en casos similares, su prioridad ha sido proteger su imagen y la de sus colaboradores. En los últimos días se ha hecho público que los funcionarios del Inami en Chihuahua y los empleados de una empresa de outsourcing (que por cierto es una práctica prohibida), ya han sido vinculados a proceso. Sin embargo, los cercanos del presidente gozan de protección.

El lamentable acontecimiento desenmascaró la corrupción que se vive en el Inami: contratos opacos y discrecionales, prácticas prohibidas de terciarización, extorsión a los migrantes, trata y abusos sexuales, duplicidad en funciones, negocios a los allegados de la 4T en alimentos y transportes de migrantes, entre otros.

Desde el inicio de este gobierno fuimos testigos de las pésimas decisiones en materia migratoria de esta administración. Se recordará cómo de manera irresponsable y sin sustento técnico, el presidente ofreció visas de trabajo de manera indiscriminada a todo aquel que quisiera ingresar a México. Esto generó una oleada de migrantes que, organizados en caravanas, se vieron alentados para cruzar el territorio nacional rumbo a los Estados Unidos. Ante esta situación, el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó dando origen a aquella frase de que “dobló” al gobierno mexicano y lo obligó a desplegar a la recién creada Guardia Nacional compuesta por soldados del ejército mexicano para contener la ola migratoria.

Por otro lado, tenemos la inacción ante los grupos criminales de la delincuencia organizada que trafican con los migrantes y lucran de manera millonaria con la necesidad de los hermanos migrantes. Esta realidad se empieza a desbordar: hace unos días se conoció el secuestro de 40 migrantes en San Luis Potosí y la muerte de una persona que conducía el vehículo que los transportaba. Las investigaciones terminaron por revelar la privación de la libertad de cien migrantes más. Todo lo anterior demuestra que México se ha convertido en un auténtico viacrucis para los migrantes.

En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional hemos exigido, incluso ante instancias internacionales, que se llegue al fondo en el esclarecimiento de los hechos en que fueron privados de la vida los hermanos migrantes en Ciudad Juárez; ellos no murieron, los mataron.

El gobierno debe de implementar las leyes vigentes en materia de migración para salvaguardar la integridad de las personas migrantes a su paso por nuestro país, protegerlos es una responsabilidad y compromiso. No permitiremos que siga el desorden y la negligencia que han sido generalizados en este gobierno.

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