La muerte de una turista canadiense en Teotihuacán merece una respuesta a la altura del dolor que produjo y del significado del lugar en que ocurrió. La primera obligación está clara. Atender a las víctimas, acompañar a sus familias, esclarecer los hechos y actuar con seriedad. Pero junto a esa exigencia aparece otra, acaso más importante para el futuro. México necesita asumir que la seguridad cultural forma parte de sus deberes públicos esenciales.
Durante mucho tiempo hemos cuidado el patrimonio como si bastara con conservar la piedra, restaurar el muro y resguardar el vestigio. Esa tarea tiene valor y ha dado frutos. Gracias a ella, México sigue ofreciendo al mundo algunos de los espacios históricos más poderosos del continente. Pero hoy resulta evidente que la protección del patrimonio incluye algo más amplio y más humano. Incluye la seguridad de quienes llegan a esos lugares para admirarlos, estudiarlos, trabajarlos y mantenerlos vivos.
Ese es, me parece, el punto de fondo. Un sitio arqueológico de esa magnitud es uno de los espacios donde México se reconoce a sí mismo. Ahí se conserva una parte decisiva de nuestra memoria histórica y también una forma de presentarnos ante el mundo con dignidad, continuidad y grandeza.
Por eso, cuando la violencia irrumpe en un lugar así, el problema adquiere una dimensión mayor. No porque el patrimonio valga más que las personas, sino precisamente porque el patrimonio existe para las personas. Su sentido público está en permitir un encuentro seguro con la historia; su vocación no se agota en la contemplación del pasado, también consiste en ofrecer una experiencia civilizada del presente. Cuando eso falla, se resiente la seguridad de una visita y se debilita la manera en que el Estado cuida lo que dice valorar.
La seguridad cultural significa entender que proteger un sitio patrimonial requiere conservación material y también prevención, control, reacción oportuna y capacidad institucional, así como revisar accesos, fortalecer filtros, capacitar personal, diseñar rutas de evacuación, coordinar autoridades culturales con cuerpos de seguridad y ofrecer reglas claras para responder ante situaciones de riesgo. Nada de eso resta belleza ni solemnidad al patrimonio. Al contrario, le da la condición indispensable para que siga siendo espacio de encuentro, aprendizaje y confianza.
México tiene todo para construir esa política. Tiene experiencia en protección civil, instituciones culturales consolidadas, cuerpos de seguridad con capacidad de coordinación y una riqueza patrimonial que justifica plenamente ese esfuerzo. Lo que hace falta es integrar esas piezas bajo una visión más completa. La cultura no vive al margen de la seguridad. La necesita. Y la seguridad pública también se fortalece cuando reconoce que hay espacios donde se juega algo más que el orden cotidiano: la memoria común.
Teotihuacán merece esa decisión. Las víctimas merecen verdad, atención y reparación. El país merece aprender de este hecho con inteligencia y con firmeza. Y nuestros espacios históricos merecen una protección que esté a la altura de su valor. Las balas en Teotihuacán dejan dolor, pero también una enseñanza útil. Cuidar el patrimonio consiste en conservar lo que fuimos y en asegurar, con responsabilidad y con Estado, la forma en que hoy nos acercamos a él. Ahí empieza, de verdad, la seguridad cultural.
Jorge Nader Kuri, abogado penalista.
jnaderk@hotmail.com
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