Quienes hemos trabajado dentro del sistema de justicia penal sabemos que los números pueden ser simultáneamente verdaderos e insuficientes. Un centro penitenciario puede reportar cero fugas y tener, al mismo tiempo, redes de extorsión operando desde adentro. Una corporación policial puede mostrar miles de detenciones y carecer de una unidad de investigación capaz de acreditar un caso ante un juez. Las cifras no mienten, pero tampoco cuentan todo.
Por eso conviene leer el Programa Nacional de Seguridad Pública 2026-2030, apenas publicado, con el método, el contexto y la honestidad intelectual que plantea. No como un catálogo de metas, sino como un planteamiento de fondo: las capacidades públicas que se están construyendo para que los resultados no dependan de la coyuntura, sino de instituciones que funcionen. Y esa es, en realidad, cuestión que más importa.
El verdadero indicador de la seguridad no está en cuántos delitos ocurrieron en un periodo, sino en qué se está edificando para reducirlos, prevenirlos, investigarlos y evitar que se repitan. La diferencia no es menor. Una cifra muestra una parte del camino; una capacidad muestra si ese camino puede sostenerse.
Desde esa lógica, el Programa establece objetivos que merecen atención. Fortalecer la coordinación en inteligencia e investigación frente a los delitos de alto impacto. Fomentar una cultura de paz y legalidad. Consolidar el desarrollo institucional de las corporaciones de seguridad. Avanzar hacia un modelo penitenciario orientado a la reinserción social efectiva. Es una ruta que vale la pena recorrer, porque la seguridad exige investigar mejor, profesionalizar a los operadores, atender a las víctimas y fortalecer la confianza ciudadana.
De todos esos elementos, quizá ninguno sea tan difícil de construir —ni tan fácil de perder— como la confianza. La gente no vive la seguridad en un informe. La vive en la calle por la que camina, en el negocio que abre cada mañana, en la denuncia que presenta y en la respuesta que recibe. Recuperarla exige resultados concretos, consistentes y sostenidos en el tiempo.
Precisamente por eso conviene medir más y medir mejor. No basta contar delitos. Hay que saber cuánto tarda una denuncia en ser atendida, cuántas investigaciones llegan adecuadamente a juicio, cuántos policías reciben formación continua, cuántos municipios cuentan con capacidades reales de respuesta. Que esa medición sea posible depende de que el Programa sirva también como una herramienta de seguimiento público con responsabilidades claras, indicadores comprensibles, resultados verificables.
Todo ello supone, además, una conversación pública más dispuesta a sostener el largo aliento que la seguridad exige. Reconocer avances cuando existan. Señalar rezagos cuando aparezcan. Corregir sin dramatizar. Y ese largo aliento es, precisamente, lo que el Programa persigue, porque la confianza ciudadana no se construye de una vez. Se construye en silencio, en lo que no ocurre: el delito que se previno, la denuncia que fue atendida, la víctima que recibió respuesta, el policía que actuó conforme a la ley. Se construye cuando las instituciones aprenden, cuando la justicia llega y cuando la ciudadanía vuelve a confiar en que vale la pena denunciar.
Ese será el verdadero indicador que veremos pronto; que la seguridad tenga la capacidad de convertir los datos duros en tranquilidad cotidiana.
Abogado penalista.
X: @JorgeNaderK
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