Imagine usted que pasa veinte años en la cárcel sin que un Ministerio Público logre probar su culpabilidad, y que el día en que sale libre, un hombre con cámara y micrófono lo señala una y otra vez como criminal frente a millones de personas. Eso vivió esta semana una persona frente a un famoso periodista, y muchos quedamos mirando esa escena con asombro.
El tema parece, a primera vista, el pleito entre dos hombres tercos, pero en realidad guarda algo más grande, algo que nos pertenece a todos. ¿Hasta dónde llega el derecho de un comunicador potente a declarar culpable a quien un tribunal ya absolvió?
Empecemos por una verdad que todos aceptamos sin pelear. La Constitución protege a toda persona con la presunción de inocencia, un escudo que solo cae cuando una sentencia firme lo retira. Esa regla existe para cuidar a cualquiera de nosotros, porque cualquiera puede sentarse algún día en el banquillo equivocado.
Aceptemos también una segunda verdad, igual de sólida. La libertad de expresión permite a un periodista opinar, cuestionar, dudar y construir su propia lectura de los hechos, aun cuando esa lectura incomode a jueces, fiscales o multitudes.
Aquí aparece el dilema. Si ambas verdades son ciertas, y lo son, entonces conviven dos derechos humanos que pueden chocar de frente cuando un comunicador llama "secuestrador" a alguien que un tribunal colegiado llamó “no culpable”.
La lógica ayuda a ordenar el nudo: toda persona absuelta goza, frente al Estado y frente a todos, de un trato de inocencia plena. El acusado fue absuelto en definitiva por el Poder Judicial. Por tanto, frente al Estado y frente a todos, debe de gozar de ese trato. Hasta aquí el silogismo cierra perfecto, y cualquier abogado lo firmaría con los ojos cerrados.
El problema llega cuando trasladamos esa misma lógica al terreno periodístico, porque ahí la premisa mayor cambia de naturaleza. El periodista ejerce una función distinta a la judicial, así que su juicio pertenece al campo de la opinión, protegido también por la Constitución. Dos derechos legítimos conviven entonces en la misma plaza pública, peleando por el mismo espacio.
Sentir alguna empatía por el inculpado resulta fácil, casi automático, porque la imagen de un hombre que perdió veinte años frente a otro que sigue señalándolo despierta algo profundo en cualquier corazón, si nos ponemos en su lugar. Sentir respeto por el trabajo periodístico del comunicador también resulta fácil, porque todos sabemos, en el fondo, que una sociedad con voces calladas camina hacia la oscuridad, y que él suele blandir una linterna encendida.
Quizás la pregunta correcta busca, más que al más obstinado entre los dos, un límite claro para todos. ¿Puede la opinión periodística que se expone ante millones convivir con la cosa juzgada respetando sus límites? ¿Dónde termina el derecho a dudar y dónde empieza el derecho a vivir en paz bajo el cobijo de la ley?
La plaza pública mexicana tiene esta semana un espejo nuevo, y cada quien, al mirarse en él, encontrará una respuesta distinta. Esa, precisamente, es la señal de que vale la pena seguir conversando sobre el tema.
Jorge Nader Kuri, abogado penalista. X: @JorgeNaderK
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