Hay dos salidas fáciles en el debate sobre los agentes estadounidenses muertos en Chihuahua. La primera grita "fuera la CIA". La segunda se resigna a decir que sin Estados Unidos no podemos. Las dos evaden lo que de verdad importa. México necesita cooperación internacional en materia de seguridad. Negarlo sería ingenuo. Pero también necesita que esa cooperación tenga reglas, registros, mandos y responsabilidades. Sin eso, deja de ser política pública y se convierte en zona gris. Y en la zona gris nadie responde ante nadie.
Eso es exactamente lo que reveló Chihuahua. Agentes de la CIA participaron en un operativo contra narcolaboratorios. El gobierno federal no sabía que estaban ahí. Dos funcionarios estadounidenses y dos mexicanos murieron en un accidente después del operativo. Y el fiscal César Jáuregui terminó renunciando luego de reconocer que había inconsistencias y omisiones en lo que se dijo públicamente.
La renuncia de Jáuregui fue el momento en que ya no hubo forma de esconder el caos. Pero esa renuncia no cierra nada. Lo que viene después exige respuestas que la salida de un funcionario simplemente no puede dar, porque el problema no es una persona, es la estructura.
¿Quién autorizó qué? La Ley de Seguridad Nacional permite que agentes extranjeros operen temporalmente en el país, pero dentro de convenios formales, con acreditación, con territorio delimitado y con informe por escrito. Cada reunión, cada intercambio, cada contacto con un agente extranjero tiene que reportarse. El mando tiene que ser mexicano. La ejecución también. Los agentes extranjeros pueden compartir información, pero no pueden detener personas, allanar lugares ni sustituir a la autoridad nacional. La pregunta es si algo de eso se respetó en Chihuahua. Hasta ahora, nadie lo ha explicado.
México ya sabe a dónde lleva ignorar esas reglas. En el operativo “Rápido y Furioso”, entre 2009 y 2011, agencias estadounidenses metieron miles de armas al país sin control. Cuando los expedientes llegaron a fiscales en Arizona, los propios abogados concluyeron que el material era tan deficiente que ningún caso era llevable a juicio. La cooperación produjo exactamente lo contrario de lo que prometía. La entonces PGR calificó ese operativo de ilegal e inadmisible. Chihuahua plantea hoy una pregunta del mismo calibre.
Porque lo que está en juego no es solo político, es procesal. Cuando una operación tiene participación extranjera sin documentar, las defensas tienen terreno fértil para cuestionar la legalidad de toda la investigación, el origen de la información y la cadena de custodia. En el sistema acusatorio mexicano, cualquier prueba obtenida violando derechos fundamentales puede excluirse o anularse. La opacidad operativa se convierte entonces en impunidad. Esa es la paradoja más grave de todo esto.
México tiene que exigir cooperación con independencia. Cada agente extranjero, cada reunión, cada dato compartido, cada operación tiene que dejar una huella jurídica. La soberanía no es un discurso, se traduce en expedientes completos, mandos claros y responsabilidades verificables. Por eso, la renuncia del fiscal no cerró nada: abrió una pregunta que el Estado mexicano tiene la obligación de responder.
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