«La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes.»
Martin Luther King Jr.
Las fronteras separan territorios; nunca deberían separar la condición humana. Los Estados tienen el derecho de decidir quién ingresa a su territorio, pero también la obligación de garantizar que el ejercicio de ese poder no despoje a ninguna persona de su dignidad. Esa tensión, tan antigua como el propio derecho internacional, vuelve hoy a colocarse en el centro de la relación entre México y Estados Unidos. En los primeros cinco meses de 2026, las deportaciones de mexicanos aumentaron alrededor de un 35 %. Aproximadamente 18 mil personas fueron repatriadas en ese periodo y el total de deportaciones realizadas por Estados Unidos durante el año ronda las 76 mil. Detrás de esas cifras hay familias separadas, proyectos de vida interrumpidos y, en los casos más graves, vidas perdidas. Por ello, la decisión del Estado mexicano de llevar por la vía jurídica las muertes de connacionales relacionadas con la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no constituye una protesta diplomática más. Representa un cambio de estrategia: trasladar la discusión del terreno político al ámbito de la responsabilidad jurídica.
Dos acontecimientos ocurridos esta semana ayudan a comprender la dimensión de ese cambio. Mientras la Cancillería decidió responder por la vía legal a las muertes de aproximadamente 17 mexicanos relacionadas con la actuación del ICE —14 bajo custodia y tres durante operativos—, la administración de Donald Trump avanzó en la construcción de una narrativa de seguridad que amplía el concepto de amenaza e incorpora nuevas categorías políticas al debate nacional. En ese contexto, la administración estadounidense ha colocado en el centro de su agenda el denominado terrorismo político transnacional de extrema izquierda como una nueva prioridad en materia de seguridad. No deja de ser revelador que ambos procesos avancen de manera paralela: mientras México pregunta si el Estado incumplió su deber de proteger la vida de personas bajo su custodia, Washington amplía el lenguaje de la seguridad nacional para explicar desafíos cada vez más diversos. Son dos maneras distintas de comprender el poder y los límites que deben contenerlo.
La decisión mexicana merece atención porque rompe con una práctica marcada durante años por notas diplomáticas, llamados al diálogo y reclamos que pocas veces trascendían el ámbito político. “No vamos a tolerar violaciones a los derechos humanos de las y los mexicanos en el exterior”, advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que, en coordinación con la FGR, impulsará acciones legales ante las autoridades competentes de Estados Unidos, incluidos el Departamento de Justicia y las fiscalías estatales correspondientes, además de promover procedimientos civiles contra empresas privadas responsables de operar centros de detención migratoria. En esa decisión existe una convicción que merece destacarse: la política migratoria puede ser una facultad soberana de los Estados, pero la dignidad humana no queda suspendida en una frontera. Un gobierno puede decidir quién entra o quién permanece en su territorio; no puede decidir quién merece protección frente al abuso, la negligencia o la indiferencia. Los primeros escritos de cese y desistimiento se dirigen contra operadores privados del centro de detención de Adelanto, California, donde han fallecido cuatro connacionales. La estrategia busca documentar posibles omisiones, particularmente en materia de atención médica, y construir una base probatoria para eventuales acciones de responsabilidad civil. El expediente tampoco quedará limitado a los tribunales estadounidenses. México solicitó el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para documentar los hechos y fortalecer la protección internacional de las personas migrantes. Con ello, el caso deja de ser exclusivamente bilateral para adquirir una dimensión internacional en materia de derechos humanos. También contempla promover la figura del amicus curiae como una vía para aportar elementos jurídicos especializados en los procesos que lleguen a presentarse. Toda persona privada de la libertad queda bajo la custodia del Estado. Esa circunstancia transforma el poder en deber. Quien detiene también debe alimentar, atender, proteger y preservar la vida. Esa es una de las conquistas más importantes del derecho internacional contemporáneo. Si una muerte fue consecuencia de negligencia o de omisiones evitables, deja de ser únicamente un episodio político para convertirse en una posible responsabilidad jurídica.
Mientras México lleva el caso al terreno del derecho internacional, Washington parece avanzar en otra dirección. El secretario de Estado, Marco Rubio, convocó a ministros de alrededor de sesenta países, entre ellos México, a una reunión sobre el denominado terrorismo político transnacional de extrema izquierda. La convocatoria forma parte de una estrategia que busca incrementar la cooperación internacional frente a ese fenómeno y reforzar una concepción de la seguridad nacional basada en la ampliación de las amenazas consideradas estratégicas. Sin embargo, la iniciativa ha despertado cuestionamientos entre especialistas, organizaciones defensoras de derechos civiles y algunos aliados internacionales. La preocupación no radica únicamente en el combate a la violencia, sino en la posibilidad de que categorías concebidas para enfrentar amenazas extremas terminen extendiéndose hacia espacios de expresión política, protesta social o disenso democrático. El derecho internacional de los derechos humanos ha insistido durante décadas en que toda restricción a las libertades fundamentales debe ser necesaria, proporcional y estrictamente justificada.
En paralelo, organizaciones de defensa de los derechos civiles, colectivos de apoyo a migrantes, asociaciones de abogados y distintos actores políticos han intensificado el acompañamiento jurídico de personas detenidas. Al mismo tiempo, diversas actuaciones contra manifestantes han reabierto una discusión tan antigua como la democracia misma: dónde termina la protección de la seguridad pública y dónde comienza la restricción injustificada de libertades como la expresión, la protesta pacífica y la asociación. Al final, ambos acontecimientos revelan una diferencia más profunda que una disputa diplomática. México intenta situar el debate en el terreno del derecho internacional y de los derechos humanos. La administración Trump privilegia una lectura donde la seguridad nacional se convierte en el eje ordenador de la discusión.
Toda sociedad enfrenta momentos en los que debe decidir qué principio orientará sus decisiones: el temor o el derecho. Cuando el miedo ocupa el lugar de la ley, las personas dejan de ser individuos con derechos para convertirse en riesgos potenciales. Entonces el origen, las ideas políticas o la condición migratoria empiezan a pesar más que la dignidad inherente a todo ser humano. La fortaleza del Estado de derecho no se mide por la cantidad de personas que detiene ni por el número de amenazas que identifica. Se mide por su capacidad para limitar el ejercicio del poder, incluso cuando hacerlo resulta políticamente incómodo. Esa es, quizá, la lección más perdurable del derecho internacional: recordar que la autoridad encuentra su legitimidad no en la fuerza que ejerce, sino en los límites que acepta respetar. Porque la historia rara vez recuerda a las sociedades por el tamaño de sus fronteras. Las recuerda por la forma en que trataron a quienes quedaron del otro lado de ellas.
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