Los gobernadores en funciones que emanan de Morena son en su mayoría un riesgo para este partido político y para la Presidenta Sheinbaum. Vienen electos de procesos poco claros, incluso aleatorios, tienen poca experiencia en la función pública y su gestión es por lo general mala. Cuando hay desastres naturales sus reacciones son tardías y siempre tienen que ser rescatados por el gobierno federal.
El gobierno federal les ha cedido grandes cantidades de dinero y mucho poder, incluso el haber nombrado a los jueces y magistrados federales en sus respectivas entidades. El único contrapeso que tenían, la justicia federal, ha sido cooptada por ellos. Ese sentimiento de poder absoluto, cual virreyes, les ha dado ínfulas para atacar a la prensa local, a grado tal de ejercer sobre ella una censura no vista en México en décadas. Se han convertido muchos de ellos en un lastre para la 4T y para la Presidenta de México.
Si ya eran un foco de riesgo y enojo constante en Palacio Nacional, las revelaciones de la prensa extranjera —que fue publicada en al New York Times (NYT) por reporteros confiables y probados— en el sentido que una decena de ellos están colaborando como “soplones” con las autoridades norteamericanas, en temas de crimen organizado y narcotráfico, deben de ser tomadas con mayor seriedad por el gobierno federal.
En particular, dado que a los pocos días de la publicación del NYT se filtraron audios de las negociaciones de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, con abogados, gestores y exagentes del FBI en los que ofrece colaborar con la autoridades de los EU, a cambio de resolver sus temas con aquel país: desde recuperar su visa, hasta evitar sanciones legales por su presunto involucramiento con el crimen organizado vía su exmarido, Carlos Torres, de quien se habría divorciado en noviembre de 2025.
La gobernadora ha negado todo. Y parecen creerle en el gobierno federal pues la invitaron al evento en el AIFA, donde la Presidenta premió a las Fuerzas Armadas luego del Mundial. Pero ni se ha distanciado de su “exmarido” —vacacionó con él en Cancún durante el fin de año— y sus explicaciones de los audios filtrados quedan a deber.
El riesgo de tener gobernadores cooperando con la justicia de los EU, a espaldas del gobierno federal, y que no tengan sanción alguna en México hace que todos los gobernadores y muchos otros funcionarios públicos tengan los incentivos para mejor cooperar con aquel país y no en cuidar los intereses del partido del que emanaron. Están colaborando pues hicieron cosas mal habidas y quieren evitar ser sancionados. Para ello van a “aventar” a otras personas. La traición a la soberanía vendrá de estos y los EU le van a sacar “raja” en el momento que más le convenga.
Cambiando de tema: Ahora que hay un gran debate (y que bueno) sobre los derechos de las Audiencias en radio, TV y programadoras hay que recordar de dónde vienen estos: cuando en el 2013 el expresidente Peña quería reformar la Constitución para modificar la operación de Pemex, dentro del “Pacto por México”, la moneda de cambio que pidió el PRD para votar con las reformas en materia energética del PRI fue la inclusión de los derechos de las audiencias en la Carta Magna.
La petición se la hizo al entonces Presidente de la República, el líder del PRD, en aquel entonces, Jesús Zambrano.
Este quería cobrar venganza a los medios por la cobertura que tuvo el PRD en las elecciones de 2006 y 2012. Peña avaló entonces los derechos de las audiencias para “comprar” el voto del PRD en los temas energéticos. Ese fue el trueque.
El PRD incumplió sus votos en la reforma energética, por lo que una vez que Peña obtuvo el aval a su reforma, pero con los del PAN, ordenó echar para atrás la vengativa redacción sobre los derechos de audiencias. Sabía que el PRD la usaría para cobrar venganza y censurar a los medios de comunicación.
Peña, el PRI y el PAN, tardaron, pero sí cambiaron la ley de telecomunicaciones, en el 2017, justo antes de que se publicasen los lineamientos contra Medios en aquel entonces.
El origen de este tema fue pues la intentona del entonces líder del PRD para sancionar y censurar a los Medios; y, de Peña, el interés en cooptarlos para su agenda económica. Esto explica en buena parte la complejidad de este tema. Es una herencia “maldita” del defenestrado Pacto por México.
X: @JTejado
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.