Liliana quería ser arquitecta. Kimberly quería ser contadora. Karol quería ser abogada. Este es apenas un mínimo recuento de las aspiraciones truncadas por sus feminicidas, en su gran mayoría, exparejas. La lista de feminicidios en México parece interminable, pero la capacidad de generar discusión política que conduzca a cambios reales se va agotando. Podemos llenar las calles de antimonumentos y marchar hasta cansarnos: no les devolveremos la vida. Pero sí podemos buscar justicia para ellas y sus familias, y mantener el foco sobre un tema que no debe normalizarse. Eso fue lo que logró la Cátedra Nelson Mandela de la UNAM con la conferencia inaugural de Cristina Rivera Garza: "Cuando la mano feroz de la impunidad te roza la piel".
Gracias a Rivera Garza, ahora podemos nombrar la impunidad con toda su crudeza: ese limbo sin castigo, ese expediente mínimo que resume una vida. En sus palabras, la impunidad trastoca el principio de realidad y arranca el velo de normalidad de cada día. Te transforma en paria. En una rabia que no cesa. Te instala en un estado permanente de búsqueda: vengar, vindicar, desagraviar.
La contundencia con la que Rivera Garza evocó el impacto de la impunidad en las familias de víctimas de feminicidio, y sus repercusiones por generaciones, provocó una reacción de la Presidenta de México, quien negó que exista impunidad sistémica en estos casos y declaró que el expediente de Liliana está siendo investigado por la Fiscalía General de la República. En la misma mañanera se habló de una nueva iniciativa de ley para unificar el delito de feminicidio en todo el país.
Nunca hay que demeritar una respuesta institucional ante un problema tan grave. Pero sí es necesario ponerla en contexto. A primera vista, parecería que la Presidenta manda un mensaje claro sobre la postura del Estado frente a la impunidad en feminicidios. Sin embargo, señalar a la FGR como responsable de la investigación revela dos cosas: por un lado, el retorno a la vieja práctica de investigar a fondo solo los casos con impacto mediático; por otro, una transferencia de responsabilidad que evade a las fiscalías estatales y simula seriedad sin atacar el fondo del problema.
Porque en la raíz de toda impunidad siguen estando las fiscalías. Este gobierno ha intentado desplazar la atención hacia el poder judicial, deteriorándolo con una reforma que ahora opera en contra de las víctimas, mientras el verdadero cuello de botella permanece intacto. La promesa de una nueva ley de feminicidios, aunque importante, no resuelve lo esencial: mientras no se fortalezcan las capacidades instaladas en las fiscalías, la impunidad no cederá. Las leyes sin instituciones que las ejecuten son letra muerta.
Y hay aún un tema más urgente que suele olvidarse: la prevención. No queremos vivir en un país donde las mujeres mueren día a día. La justicia es indispensable para los crímenes que ya ocurrieron, pero toda justicia genuina debe apuntar también a reparar el daño y evitar que otras mujeres sean víctimas. ¿Qué está haciendo el Estado mexicano para entender este fenómeno y prevenirlo? Prometer justicia en un caso de feminicidio es insuficiente cuando lo que se exige es que ninguna mujer más muera a manos de su pareja.
Liliana quería ser arquitecta. Claudia quería ser presidenta. Ernestina quería ser fiscal. Andrea quería ser gobernadora. No podemos vivir en un país que permite que la realidad de algunas mujeres florezca mientras la de otras es truncada por la violencia. Desde hace años la mano feroz de la impunidad nos tiene agarradas. Es momento de soltarla.
Especialista en temas anticorrupción. @itelloarista
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