En los últimos años se ha investigado con mayor profundidad la relación entre el fútbol, la corrupción y el lavado de dinero, así como la violencia de género y su vínculo con este deporte. De cara al inicio del Mundial de Fútbol 2026, se vuelve urgente analizar la intersección de todos estos temas.
Esta semana, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitieron una alerta a los sujetos obligados del sistema financiero para aumentar la detección de riesgos de lavado de dinero relacionados con la trata de personas. Esta alerta se coordinó con las unidades de inteligencia financiera de Estados Unidos y Canadá, los otros dos países sede del torneo.
La realidad detrás de esta alerta es aterradora: cada día en México desaparecen 29 niñas, niños y adolescentes, la mayoría mujeres, según datos de REDIM y la Secretaría de Gobernación. Esta cifra espeluznante, asentada como realidad estructural en el país, puede incrementarse durante el Mundial. Y es que los eventos deportivos masivos aumentan el riesgo de trata de personas con fines de explotación sexual debido al mayor flujo de personas y recursos, y al intento del crimen organizado de acapararlos. En México, esto adquiere una dimensión particular: de acuerdo con la investigación académica de Víctor Manuel Sánchez, los corredores de trabajo sexual en las ciudades sede del Mundial son controlados en su mayoría por cárteles y grupos del crimen organizado.
Por eso, distintas organizaciones han lanzado campañas de concientización ciudadana sobre la trata de personas, en particular de niñas, adolescentes y personas migrantes. La campaña Mundial Sin Trata, impulsada por UNODC, SINTRATA, el Consejo Ciudadano, Uber y el sector hotelero, busca capacitar a ciudadanos, conductores y trabajadores del turismo para identificar señales de alerta y denunciar de forma segura. Y es que los datos de UNODC sobre trata de personas señalan la urgencia del tema: de acuerdo con su reporte del 2024, 36% de las personas víctimas de trata eran explotadas con fines sexuales y de este porcentaje, 64% eran mujeres y 28% eran niñas. Pocas veces se hace la relación entre estos eventos y el aumento de estos casos, y la falta de denuncia y la enorme impunidad existente impiden tener cifras claras sobre el alza que puede darse.
Aquí el tema requiere precisión: no se trata de criminalizar el trabajo sexual, sino de reconocer la extorsión a la que se enfrentan las trabajadoras sexuales y que abre el campo a la trata de personas, muchas veces de niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad. La corrupción permite que estos casos sigan existiendo sin reportarse y alimenta el lavado de dinero a través de la explotación y el sufrimiento de miles de mujeres y niñas.
Esta intersección, sin embargo, puede convertirse en un mecanismo de prevención y detección si se observa la relación entre estas campañas. La alerta de la UIF no puede leerse como un mero instrumento antilavado de dinero: es una señal de que ya hay redes operando y beneficiándose económicamente de la explotación sexual. Por otro lado, de nada sirve tener campañas que reúnen a la sociedad civil, el sector hotelero y el de transportes si no se comunican entre sí. Una alerta ciudadana será inoperante si no viene acompañada de una acción financiera que permita cortar los flujos que mantienen estas redes funcionando. Y una alerta financiera aislada no llega a rescatar a ninguna víctima si no se conecta con quienes están en el campo.
Si queremos un Mundial sin trata, es urgente que las campañas antilavado y de prevención ciudadana se coordinen para generar impacto real. El costo de no hacerlo lo pagan las niñas y mujeres. Es momento de hablar del tema.
*Si sospechas de un caso de trata de personas, denuncia: Línea Nacional contra la Trata de Personas: 800 5533 000
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