La Comisión Federal de Competencia Económica ( Cofece ) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) porque no ha nombrado comisionados en las plazas vacantes. Se trata de un problema que no es menor, y más adelante le explicaré por qué.
La Cofece y el Instituto Federal de Telecomunicaciones ( IFT ) son organismos constitucionales autónomos y cuentan con un pleno de siete miembros, de los cuales uno es el presidente. Cada plaza tiene una duración de nueve años y los nombramientos deben ser escalonados, para que no se vayan todos al mismo tiempo. Para nombrar comisionados existe un mecanismo de colaboración entre diferentes instancias y poderes: el Comité de Evaluación, compuesto por el Banco de México y el Inegi, emite las convocatorias, revisa los requisitos y elabora el examen de conocimientos para conformar las listas de candidatos que envía al Presidente de la República. El Presidente elige un nombre por cada vacante y lo somete a ratificación de las dos terceras partes del Senado; si éste no los ratifica, el Presidente debe proponer otro nombre de la misma lista.
Tanto la Cofece como el IFT han ido acumulando vacantes de comisionados porque AMLO dejó de nombrar sustitutos de las plazas que han ido desocupándose. En el caso del IFT sí designó en febrero de este año, pero los dos nombres fueron rechazados por el Senado y no ha propuesto otras candidatas.
El Comité ha hecho su trabajo puntualmente, pero López Obrador ha dejado las listas en su escritorio sin ninguna justificación. En el caso de la Cofece, actualmente existen tres vacantes, es decir, sólo hay cuatro comisionados , mientras que en el IFT hay cinco comisionados, pero en dos meses terminará su encargo quien es ahora presidente interino, y entonces habrá también tres vacantes.
¿En qué afecta la falta de nombramiento? Imagine usted que el Presidente no nombrase ministros de la Suprema Corte y que, de 11 ministros quedaran sólo siete; en ese caso no se podría, por ejemplo, declarar la inconstitucionalidad de normas generales, porque para ello se requieren ocho votos como mínimo. Así es lo que pasa en la Cofece: hay diversos asuntos que requieren mayoría de cinco comisionados, como expedir disposiciones regulatorias, su estatuto orgánico , el nombramiento y remoción de la autoridad investigadora, ordenar medidas para eliminar barreras a la competencia y desincorporar activos o acciones de los agentes económicos, entre otros. Recordemos que el IFT es la autoridad de competencia en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, por lo que también le aplican algunas de las mayorías calificadas que requiere la Cofece por mandato de la Ley Federal de Competencia Económica.
Además del daño a la autonomía y funcionamiento de la Cofece y del IFT, la omisión Presidencial también rompe con el orden constitucional, porque impide el ejercicio de facultades del Poder Legislativo, que tiene un deber de ratificación. La atribución del Presidente de nombrar comisionados no es voluntaria o potestativa: tiene obligación de nombrar y ha sido omiso.
Bravo a la Cofece por la defensa a su autonomía y al orden constitucional. Desde luego que es deseable que antes de que la Suprema Corte resuelva, la controversia se quede sin materia, porque AMLO ya haya hecho los nombramientos, pero por lo pronto este tipo de acciones son las que nos dan respiro y confianza en algunas instituciones. El IFT deberá hacer lo mismo si le interesa defender su autonomía.
Abogada, presidenta de Observatel y comentarista de Radio Educación
Twitter: @soyirenelevy
