El Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2026-2030 publicado el pasado 18 de mayo (PNER), dibuja el regreso al viejo modelo institucional. Ya no es el IFT autónomo el que conduce la política espectral, sino el Ejecutivo Federal, y eso se nota en el texto; el espectro deja de abordarse principalmente desde una lógica de competencia y regulación técnica autónoma, para integrarse al discurso político del gobierno federal. El documento es, entonces, una mezcla de ideología, política pública digital, narrativa social y planeación espectral.
Lo bueno: el Programa reconoce que el modelo tradicional no logró cerrar la brecha digital rural. El PNER entiende correctamente que la competencia y las licitaciones por sí solas no llevaron conectividad a millones de personas en zonas marginadas. En consecuencia, propone descuentos en pagos de derechos por uso del espectro a cambio de obligaciones de cobertura (lo que no necesariamente ha funcionado), así como mecanismos de acceso compartido, regulación flexible y esquemas híbridos terrestre-satelitales. También incorpora tendencias regulatorias modernas, como sandboxes regulatorios, uso dinámico del espectro y redes comunitarias.
Otro aspecto positivo es el énfasis en pequeños operadores y concesionarios sociales, indígenas y afromexicanos. El programa plantea habilitar frecuencias específicas, simplificar trámites y acompañar técnicamente a comunidades para que operen sus propias redes. En un país donde históricamente la regulación ha sido diseñada pensando en grandes operadores nacionales, este cambio de enfoque es muy positivo.
Lo malo: El documento está lleno de lugares comunes, frases ideológicas y formulaciones imprecisas. En varios momentos parece más una extensión del discurso político del sexenio que un instrumento técnico de planeación espectral. Hay párrafos francamente descuidados. Uno de los ejemplos más claros aparece cuando el programa señala que “la meta esencial hacia 2030 es que la mayoría de las personas en México cuente con acceso efectivo en al menos un servicio de radiodifusión o telecomunicaciones”. La frase resulta extraña porque esa meta fue alcanzada hace años. Ese tipo de redacciones reflejan un documento más retórico, aspiracional y político que técnico.
Lo ausente y quizá lo más revelador del programa: el costo del espectro. El PNER evita a toda costa mencionar que México tiene uno de los espectros más caros del mundo, pese a que ese factor ha sido señalado durante años por operadores, organismos internacionales y especialistas como una barrera estructural para inversión y cobertura. ¿Telefónica regresó todo su espectro, hemos tenido licitaciones desiertas y aún no se reconoce el problema? El texto habla de barreras y de “reducir cargas regulatorias y económicas” y propone descuentos en derechos por uso del espectro, admitiendo implícitamente que el problema existe, pero nunca se atreve a nombrarlo. La contradicción se vuelve todavía más evidente cuando el programa afirma, bajo la lógica del “humanismo mexicano”, que el espectro “no [debe verse] como un bien económico, sino como un recurso estratégico del Estado”. Resulta difícil sostener esa narrativa mientras el propio Estado mantiene uno de los esquemas más caros de derechos espectrales de la OCDE.
Ahí es donde se extraña la autonomía institucional, no necesariamente al IFT, pero sí a un regulador capaz de confrontar sin ambigüedades las decisiones fiscales y políticas que obstaculizan sus propios objetivos regulatorios. Porque mientras el programa habla del “segundo piso de la cuarta transformación” y del “humanismo mexicano”, el costo del espectro sigue siendo el gran elefante en el cuarto.
Abogada, presidenta de Observatel y comentarista de Radio Educación
X y Threads: @soyirenelevy
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