Desde 2019 el discurso oficial ha predicado que la violencia es una herencia neoliberal culpa de Calderón, una inexistente fantasía o un simple recuento de casos aislados que pretende desestabilizar al poder. Sin embargo, la experiencia indica lo contrario. En México la delincuencia no necesita permiso; por el contrario, el Estado participa en ella y brinda silencio, aviso previo, fiscalías dóciles y policías que miran a otra parte.
Esta insistencia en tratar la criminalidad como un fenómeno exógeno, una peste ajena que infecta el cuerpo social sin responsabilidad para quienes conducen las instituciones, revela una profunda corrupción y un deliberado intento por evadir las obligaciones constitucionales.
Una república que tolera la infiltración criminal en su estructura se convierte en una administradora del miedo, un espacio social y político en el que la autoridad decidió renunciar a su función de custodio para convertirse en testigo de la ilicitud.
La historia de Paola Iveth Gárate ejemplifica esta degradación con elocuencia aterradora. Candidata opositora en Sinaloa, su testimonio evoca los abismos de la vulnerabilidad cívica al relatar cómo, en la víspera de los comicios que reconfiguraron al gobierno local, hombres armados la privaron de su libertad.
Amarrada y encapuchada, le exigieron no interferir en la elección del gobernador Rocha Moya. Aquella injusticia, lejos de ser resuelta, se prolongó a través de una corona fúnebre depositada frente a su domicilio en Culiacán, justo cuando las acusaciones del extranjero revelan un pacto entre la cúspide del poder y facciones del crimen organizado para secuestrar la voluntad popular mediante la intimidación y el robo de urnas.
En Veracruz sucede la misma rutina intolerable que desangra los municipios. En menos de un mes, una periodista desapareció y dos comunicadores fueron masacrados. El mapa de la infamia es una secuencia cronológica que rebasa el frío archivo de los obituarios y funciona como índice geográfico del desamparo: comunicadores asesinados en plazas públicas, reporteros acallados en la periferia y periodistas arrancados de sus hogares ante la mirada impotente de cámaras que sólo atestiguan la ausencia del Estado.
La larga lista de periodistas y comunicadores que son tratados como si fuesen los responsables de su propia tragedia por atreverse a ejercer la labor de informar, constituye la prueba fehaciente de que en los municipios la libertad de prensa está acorralada entre la complacencia de las autoridades y la soberanía de criminales que controlan la vida y la muerte.
Con una impunidad que desafía cualquier noción de justicia, la libre manifestación de ideas termina reducida a una promesa constitucional incumplida. El poder contemporáneo ya no impone el miedo con la amenaza del destierro ni del entierro; ha aprendido a administrar el hambre y el silencio.
Esta lógica de sometimiento se despliega con variantes regionales en todo el país, donde las investigaciones se enfrían deliberadamente en los escritorios de las fiscalías mientras las declaraciones oficiales convierten la tragedia humana en un mero trámite estadístico. Paralelamente, la distribución discrecional de la publicidad oficial opera como mecanismo de domesticación mediática. Concentra los recursos en unos cuantos consorcios afines premiando la mansedumbre editorial y asfixiando a medios independientes.
El gobierno puede continuar llenando las plazas públicas con palabras grandilocuentes de pacificación nacional, pero ningún discurso tendrá la densidad de la verdad mientras denunciar equivalga a recibir una advertencia de muerte, informar implique caminar hacia una sentencia clandestina y ejercer el derecho al voto dependa del poder de hombres armados.
La impunidad es lo único que crece y florece con vigor cuando el Estado renuncia a cumplir su función y su razón de ser; romper este letargo exige voluntad y decisión de acabar con la impunidad antes de que ésta acabe con el país.
Notario, ex Procurador General de la República