El artículo 123 del Código Penal castiga con hasta cuarenta años de prisión al mexicano que: “tenga, en tiempos de paz o de guerra, relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjeros o le dé instrucciones, información o consejos, con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior”. El artículo sanciona la entrega dolosa de información estratégica y alcanza a quien acepte beneficios por ejecutar estas traiciones.
El tema cobra particular relevancia a raíz de las recientes grabaciones de Marina del Pilar Ávila Olmeda en las que propone encuentros, admite reuniones con investigadores estadounidenses y utiliza abogados como emisarios. “Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar”. El audio es una mecha encendida sobre un depósito de gasolina política.
La urgencia de la mandataria por cooperar sepulta cualquier presunción de inocencia; excusatio non petita, accusatio manifesta dirían los juristas latinos; su instinto de supervivencia es una confesión anticipada. Cuando una gobernadora ofrece recuerdos de las mesas de seguridad para frenar la maquinaria judicial extranjera, significa que sabe algo que los demás ignoramos. ¿Qué teme que sepan en Washington? ¿Qué complicidad inconfesable la obliga a arrodillarse con tanta premura?
La inocencia se simula en conferencias de prensa; el miedo se confiesa a escondidas, ofreciendo las llaves del Estado. No necesita declararse culpable para revelar que se siente atrapada; basta escuchar su disposición a traicionar el sigilo que los bajacalifornianos le confiaron. Cuando uno se sabe culpable, no tiene sentido esperar al tribunal; más vale negociar la inmunidad entregando la única moneda de cambio que le queda, la información. Cuando la duda moral desaparece, lo que se ofrece no es cooperación institucional; se entrega información pública para comprar blindaje personal.
Mientras la gobernadora negocia su salvación, la fiscalía estadounidense exhibe el otro extremo del hilo: exige prisión perpetua y el decomiso de quince mil millones de dólares para El Mayo Zambada porque el cártel compra políticos. De manera paralela, Rubén Rocha Moya, acusado en Nueva York, sobrevive oculto y cobijado por el propio gobierno federal. Lo blindan tanto por lealtad como por terror: saben que, si cae en manos estadounidenses, desatará una reacción en cadena de delaciones. La integridad moral del Estado mexicano ha quedado reducida a un vulgar “¡Sálvese quien pueda!”, una central telefónica de traiciones cruzadas donde todos tienen a quién entregar para sobrevivir, y nadie le responde a los ciudadanos.
Claudia Sheinbaum enfrenta la peor encrucijada de su mandato, una que todos sabíamos que tarde o temprano iba a llegar, pero que ella pensó que podría evadir durante 6 años: exigir transparencia y separar a la gobernadora, o reciclar la disciplina partidista como muro de contención.
Si el gobierno habilita una investigación real, la protección partidista se fractura. Nadie esperará a que el barco se hunda y saltarán tan pronto como sea posible. Cada funcionario con cuentas pendientes buscará negociar y entregará cabezas mientras su información valga. Si el oficialismo la protege, el mensaje será irrefutable: la seguridad nacional es apenas una moneda de cambio personal. Cada colaborador potencial de Estados Unidos posee una libreta que le garantiza impunidad dentro del partido.
¿Qué hará la Presidenta? ¿Acusará traición en este caso como lo hizo con la gobernadora de Chihuahua? ¿Obligará a desenterrar la información filtrada o cubrirá el expediente con la misma manta que abriga a tantos personajes indefendibles? La respuesta tasará el valor de la soberanía que el gobierno invoca. ¿Dónde queda la soberanía de un país que no tiene control sobre quien maneja sus secretos? Si el gobierno federal tiembla ante lo que los gobernadores están dispuestos a cantar en Washington, la soberanía se reduce a letra muerta sobre el salvavidas de un barco a pique.
Notario, exprocurador general de la República