Hay historias que parecen escritas como guiones de películas sobre países bananeros. Pero también hay historias como la de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC por su sigla en inglés), que tiene todos los ingredientes para provocar un silencio incómodo en quienes llevan años vendiendo el mito de la pureza regulatoria del vecino del norte.
La semana pasada, Brendan Carr, presidente de la FCC, decidió adelantar la revisión de licencias de ocho estaciones de ABC, propiedad de Disney. No dentro del calendario habitual. No bajo el protocolo estándar. No por asuntos técnicos. Dos años antes y con una justificación que suena más a discurso político. Las supuestas violaciones a políticas de discriminación son el pretexto de la actualidad.
La medida llegó después de que desde la Casa Blanca se lanzara presión para despedir a Jimmy Kimmel, tras un chiste incómodo pronunciado antes de un tiroteo cercano a una cena de periodistas y políticos. Pero ¿no se suponía que la FCC era independiente?
Durante décadas, ese organismo fue presentado como ejemplo de autonomía técnica. Un árbitro distante del poder político, capaz de asignar y renovar licencias con criterios objetivos. Un referente que, por cierto, muchos en México usaron como mantra y vara para medir a nuestros propios reguladores.
Pero el reportaje de Bloomberg BusinessWeek que circuló recientemente pinta otro retrato. Uno donde la independencia no solo se erosionó, sino que terminó subordinada a una lógica de poder mucho más terrenal. Según ese trabajo, Carr ha sostenido que el presidente de Estados Unidos tiene facultades para remover comisionados sin causa. Una afirmación que rompe con la tradición institucional que durante años se defendió como dogma.
Además, bajo su gestión, la FCC ha participado en decisiones clave sobre fusiones y adquisiciones en medios y telecomunicaciones que coinciden (qué casualidad) con intereses estratégicos de actores cercanos a la administración.
Confieso que cuando leí todo esto, pensé que se trataba de otro país. Uno de esos que suelen aparecer en informes internacionales como ejemplo de captura regulatoria. Un ejemplo de países bananeros. Pero no. Era Estados Unidos. El mismo que durante años ha señalado con dedo flamígero a otras naciones por no cumplir con estándares de autonomía, integridad, pulcritud y honestidad.
Es aquí donde la conversación se vuelve incómoda para México. Porque aquí hemos vivido una especie de fascinación casi religiosa por la autonomía de los reguladores. Como si esa palabra, por sí sola, garantizara eficiencia, competencia y neutralidad. Como si bastara con ponerle la etiqueta de “autónomo” o “independiente” a un organismo para blindarlo de intereses políticos y económicos.
Durante años, tuvimos reguladores que fueron cualquier cosa, menos independientes. Vivieron capturados por intereses privados, utilizados como fichas de negociación política o simplemente ignorados cuando estorbaban. Pero, aun así, muchos los defendieron con una fe que ya quisieran las iglesias.
Incluso en noviembre del 2024, cuando están por extinguirse el IFT y la Cofece me resultaba inverosímil que muchos respaldaran al regulador que muchas veces dio muestras de estar capturado por grupos políticos y económicos. Lo defendían aún cuando la mayor parte de sus dolencias competitivas fueron ocasionadas por las deficiencias o compromisos inconfesables del IFT.
Varios de los involucrados en el pasado Pacto por México me confesaron en su momento que el IFT y otros organismos autónomos, se crearon como una medida Anti-AMLO. ¿Cuál competencia?
Recuerdo también mi colaboración en EL UNIVERSAL de julio de 2023, cuando varios mexicanos esperaban que la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, viniera a regañar a México por sus decisiones regulatorias. Como si el país necesitara una figura materna que corrigiera su conducta. Como si la soberanía fuera una travesura adolescente. “Acúsalos con Mamá Tai”, escribí.
Hoy vemos que, en Estados Unidos, el presidente nombra al titular de la FCC. Que la Casa Blanca influye en decisiones clave. Que la presión política puede traducirse en acciones regulatorias concretas. Y, aun así, seguimos escuchando discursos sobre la supuesta superioridad institucional de su modelo.
Cuando en México tenemos medios de comunicación que rayan en la subversión, el caso de ABC y Disney no debe verse solo como una disputa mediática. Es una forma de ver cómo el poder político puede intervenir en un sector que, en teoría, debería regirse por criterios técnicos.
Y entonces vale la pena revisar el debate mexicano con menos ingenuidad. El famoso Capítulo 18 del T-MEC, ese que tantos citan como si fuera un evangelio, establece que el regulador debe ser independiente de los proveedores de servicios. Es decir, de las empresas. No dice, de manera categórica, que deba ser autónomo del Estado.
Porque una cosa es evitar que las empresas capturen al regulador, y otra muy distinta es pretender que el Estado renuncie a cualquier capacidad de conducción en sectores estratégicos.
Durante años, nos han asustado con el “petate del muerto”. Que si el T-MEC, que si los paneles de controversia, que si las represalias comerciales. Un repertorio de amenazas que, curiosamente, nunca se aplica con el mismo rigor cuando las decisiones cuestionables vienen del norte.
Por eso resulta casi entrañable imaginar a alguien intentando llevar a México a un panel internacional por falta de autonomía regulatoria, mientras en Estados Unidos se adelantan revisiones de licencias en medio de tensiones políticas.
Nada de esto significa que México deba ignorar la importancia de contar con instituciones sólidas. Pero sí obliga a replantear el debate. A dejar de repetir consignas importadas sin revisar su contexto.
Columnista y comentarista
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