La noche del 26 de junio, en la colonia Zaragoza de Mexicali, fueron asesinados frente a su domicilio, y con rifles de asalto, el agente de inteligencia de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, Rubén López Orduño, y su esposa.
Al día siguiente, también de noche, fue atacado a las puertas de una taquería a la que había llegado para cenar con su esposa, otro elemento de la Fuerza, Enrique Guerrero Sánchez. Él perdió la vida, ella resultó gravemente herida.
Ambos habían participado dos días antes en el operativo donde fue abatido un operador de Los Rusos, brazo armado de Los Mayos, conocido como El Compa Wicho. Ese día, desde un radio que estaba dentro de una camioneta se lanzaron amenazas contra el personal de inteligencia e investigación de la Fuerza Estatal. Elementos que tomaron parte en el operativo recibieron mensajes intimidatorios en sus teléfonos.
La Secretaría de Seguridad informó que se habían adoptado protocolos de prevención. Sin embargo, no hubo protocolo alguno cuando los agentes fueron asesinados: los dos se hallaban francos y desarmados. Uno de ellos, incluso, vestía shorts y sandalias.
El Compa Wicho fue identificado como familiar de uno los líderes de Los Rusos. La fiscalía dejó entrever que filtraciones desde los cuerpos de seguridad habían facilitado los ataques en contra de los agentes.
El líder de ese grupo criminal asentado en el Valle de Mexicali ha sido identificado como Juan José Ponce Félix y/o Miguel Ángel Gaxiola Quintero. Formó parte de la estructura del narcotraficante conocido como El Macho Prieto, líder criminal en Sonora y Sinaloa que fue abatido por policías federales en 2013.
La muerte de Gonzalo Inzunza, El Macho Prieto, marcó el ascenso de El Ruso, quien se consolidó como operador clave de Los Mayos, y a cuyo grupo se atribuyen más de 400 homicidios perpetrados en los últimos dos años, así como la epidemia de fosas clandestinas que infestan el Valle de Mexicali.
El Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permita la captura de Ponce Félix. En California lo buscan desde hace una década.
Fueron precisamente las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra El Ruso las que hicieron caer en desgracia a la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como al que hasta el año pasado fue su esposo, y coordinador de Proyectos Estratégicos de su gobierno: Carlos Torres Torres.
La primera señal fue el retiro de las visas de ambos. Carlos Torres fue acusado de recibir pagos mensuales de 150 mil dólares a fin de facilitar y proteger las actividades de Los Rusos en diversas zonas de Baja California.
El dinero, según las investigaciones, llegaba a través de quien se desempeñó como secretario de seguridad del Ayuntamiento de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García.
La logística financiera, según la misma investigación, era operada a través de empresas fachada por Luis Alfonso Torres Torres, hermano del entonces esposo de la gobernadora.
Las ganancias eran invertidas en bienes raíces en Estados Unidos.
Cuando se filtraron las acusaciones, y en un intento de controlar los daños, la gobernadora recibió el consejo de divorciarse de su esposo. Torres Torres había declarado que el retiro de su visa era solo un procedimiento protocolario, y desestimó los cargos.
Sin embargo, cuando menos 20 políticos y empresarios son investigados por operaciones con recursos de procedencia ilícita y posibles vínculos con la delincuencia organizada.
Según el esquema, Mendívil canalizaba el dinero, Torres Torres garantizaba protección política y su hermano lavaba los recursos.
Marina del Pilar Ávila fue acusada por su antecesor en el cargo, Jaime Bonilla (quien a su vez enfrenta una acusación por irregularidades millonarias en el contrato de construcción de una planta solar), de presidir un narcogobierno y haber desatado la violencia en el estado al haber incumplido acuerdos establecidos con otras organizaciones criminales. El exgobernador fue sancionado por violencia política en razón de género por sus expresiones hacia la gobernadora Marina del Pilar.
Ávila Olmeda fue grabada negociando un acercamiento con el FBI, de acuerdo con un audio dado a conocer hace unos días en este espacio, cuya autenticidad ella misma confirmó. Alegó que solo llevaba a cabo trámites relacionados con la revocación de su visa: trámites, por cierto, que no corren a cargo de esa oficina.
En ese contexto se da la agresión de Los Rusos contra agentes de inteligencia de la Fuerza Estatal que participaron en el operativo en el que fue abatido uno de sus operadores, y en ese contexto se da el brutal repunte de la violencia que ha dejado ejecuciones, cuerpos abandonados, ataques contra funcionarios de la fiscalía estatal y el asesinato de dos agentes de investigación a los que les cobraron haber cumplido con su deber, por encima de los pactos.