Con solo cuatro días de diferencia, dos extremidades humanas fueron halladas en la colonia San José de los Leones, 2ª Sección, en el municipio de Naucalpan, Estado de México.
El primer resto, una pierna, apareció el 23 de julio pasado en una zona alta, con pocas luminarias y escasas cámaras de vigilancia.
El segundo fue encontrado el 27 de julio en una esquina: calle Nueva y Ávalos. Se trataba de otra pierna y pronto los vecinos hicieron circular la versión de que un perro la había hallado en una barranca.
Hay reportes que indican que en esos días se localizó un tercer segmento, pero el cuerpo no. Salvo algunas breves menciones, la noticia se ocultó.
El 5 de agosto, un cateo en San José de los Leones llevó a la detención de ocho personas, hombres y mujeres, ligadas al Cártel Nuevo Imperio. La mayoría rondaba los 20 años.
Era una célula vinculada al asesinato y desmembramiento de una mujer, cuyos restos fueron abandonados en distintos puntos. Según las investigaciones, los hechos habían sido provocados por una deuda de 12 mil pesos. Un ajuste de cuentas por asuntos de drogas entre miembros del mismo grupo criminal.
Los detenidos “fueron trasladados y puestos a disposición de la autoridad competente”. Se descubrió entonces que varios de los autores del desmembramiento ya estaban registrados en el sistema.
Algunos fueron detenidos el 23 de enero de 2026 durante un operativo realizado en la misma colonia. Tenían en su poder 22 motocicletas y motonetas con reporte de robo o con alteraciones que dificultaban su identificación. Tenían en su poder distintas autopartes.
Un total de siete detenidos “fueron traslados y puestos a disposición de la autoridad competente”.
Tres meses más tarde, en abril, en otro operativo llevado a cabo en la zona cayó un grupo de narcomenudistas. Tenían bolsas con distintas dosis de cristal y de cocaína en piedra. Les encontraron armas cortas reales y armas de réplica.
Algunos detenidos a principios de agosto por el desmembramiento de una mujer habían sido capturados en los cateos y operativos de del 23 de enero y el 23 de abril. Uno de ellos había tomado parte en los tres hechos.
Todo, en un periodo de 7 meses: fueron identificados, aprehendidos y puestos a disposición.
Después quedaron en libertad y volvieron a detenerlos, involucrados en nuevos hechos: del robo de motocicletas, al narcomenudeo y de ahí al asesinato y el desmembramiento.
¿Quién rinde cuenta de esto?
Hace falta saber qué pasó con cada una de esas aprehensiones, qué sucedió y qué determinación ministerial se tomó con cada carpeta, cuáles fueron los criterios jurídicos que culminaron con su regreso a las calles.
Se le conoce como “la puerta giratoria”, un mecanismo para desahogar el sistema penitenciario a través de la liberación constante de personas detenidas por delitos menores.
Esa “puerta giratoria”, hay que recordarlo, permitió que entre 2012 y 2018 los índices delictivos se dispararan; que la Unión Tepito, la Fuerza Anti Unión y el Cártel de Tláhuac, entre otros grupos criminales, adquirieran una fuerza inusitada y llenaran de sangre la Ciudad de México. La desconfianza ciudadana hacia las instituciones de justicia aumentó. Las presiones políticas solo llevaron a ampliar el catálogo de los delitos que ameritaban prisión preventiva, pero el problema de fondo no se atendió.
Las cárceles siguieron saturadas y la corrupción, institucionalizada como caja chica de los gobiernos, no se tocó. Por el contrario, el flujo de efectivo sigue siendo el aceite que las hace funcionar. De la reinserción ni hablemos.
Tres lustros después, la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia una nueva estrategia para enfrentar la saturación de las cárceles: un programa para acelerar la liberación de las personas privadas de la libertad por robo y delitos menores, así como la de quienes llevan años sin recibir sentencia.
Y al mismo tiempo anuncia el proyecto de construir seis nuevos penales estatales para contener una población penitenciaria, según anuncio de Omar García Harfuch, que creció alrededor de 15% en dos años. La Presidenta ha aclarado, sin embargo, “que todavía no tenemos los recursos ni sabemos exactamente cuánto habría que destinarle”.
Se estima que 57% de los penales estatales sufren de sobrepoblación. No se sabe aún qué permitió los episodios criminales de estos siete meses en Naucalpan. Lo que sí sabemos por trágica experiencia es lo que puede ocurrir con la “puerta giratoria” cuando esta solo buscar despresurizar las prisiones, como diría el clásico, sin “atender las causas”. Ahí están los índices del tiempo de Mancera.
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