El caso de los verificentros: bomba para Morena y el Verde

Dos funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México fueron detenidos en agosto pasado. Una serie de denuncias por parte de concesionarios de verificentros revelaron una red de extorsión dirigida desde la Dirección General de Emisiones Atmosféricas encabezada por Raúl Piña Horta, exsecretario particular del Niño Verde, Jorge Emilio González Martínez.

Piña Horta descansaba en Acapulco cuando personal de la fiscalía mexiquense fue por él. Operaba de la mano del director de Control de Emisiones a la Atmósfera, Carlos Eduardo Solares Vega.

Habían tramado un negocio de extorsión que abarcó los 163 verificentros que funcionan en el Edomex: el cobro de 200 mil pesos mensuales a cada uno de estos para dejarlos operar, cuotas por cada una de las líneas de verificación que tuvieran activas (actualmente hay 878) y cuotas también por cada una de las verificaciones realizadas a los vehículos.

Como medida de presión, la red limitaba la entrega de hologramas de verificación a fin de obligar a los concesionarios a pagar una nueva cantidad a cambio de la entrega de más engomados.

De acuerdo con el expediente, concesionarios, propietarios, apoderados legales y administradores fueron citados en un restaurante de la Ciudad de México, en donde se les informó de la “nueva forma de trabajar”.

El dinero era entregado en una oficina de Bosques de las Lomas, así como en fraccionamientos exclusivos de la alcaldía Cuajimalpa, a los que accedía con cita y/o código QR.

De acuerdo con la fiscalía, “el entramado delictivo requería ‘juntar una bolsa de 30 millones de pesos extras a más tardar para noviembre de 2026”.

La red llevaba casi tres años funcionando. Cuando los insaciables funcionarios del Edomex quisieron llevar a cabo cobros retroactivos, algunos concesionarios estallaron y vinieron las denuncias.

A resultas de pactos y acuerdos electorales, la Secretaría de Medio y Ambiente y Desarrollo Sostenible del Edomex fue entregada al Partido Verde a la llegada al poder de la gobernadora morenista Delfina Gómez.

En septiembre de 2023, Alhely Rubio Arronis fue nombrada titular de esa dependencia. De acuerdo con la carpeta de investigación contra Piña Horta, Solares Vega y otros funcionarios que hoy se encuentran prófugos, “la nueva forma de trabajar” con los verificentros inició sus operaciones dos meses más tarde.

Al ser cuestionada sobre la detención de sus colaboradores durante una visita a la XXXVI Exposición del Hongo de la Universidad Autónoma del Estado de México, Rubio Arronis declinó hacer comentarios:

“Yo estoy aquí viendo hongos”, dijo.

Luego agregó que esperaría las resoluciones del Poder Judicial.

Su permanencia en el cargo, sin embargo, parece tener fecha de caducidad: según fuentes consultadas, se contempla la posibilidad de separarla del cargo antes de que un nuevo escándalo se agregue a la cadena de casos de corrupción que en todos los rincones del país cimbra a la 4T.

Se han mantenido en reserva los nombres de los otros grandes implicados: el del dueño o los dueños de las oficinas de Las Lomas, así como los de los habitantes de los fraccionamientos en donde el dinero de las extorsiones fue entregado. Fuentes cercanas a la investigación, afirman, sin embargo, que estos están plenamente identificados.

¿Avanzará la investigación? En el Verde se teme que el nombre del dueño del partido, Jorge Emilio González, resulte implicado de algún modo, a consecuencia de su relación y su cercanía con Piña Horta.

Todo esto ocurre en un momento en el que en el Partido Verde crecen las tensiones ante el inminente convenio de coalición que Morena le está urgiendo a firmar a González Martínez, de cara a las elecciones de 2027. Se cree que el caso de los verificentros será empleado como garrote a fin de que Morena alcance la alianza que le permita conservar la mayoría en el Congreso.

Un sector del Verde le teme a la etiqueta de “narcopartido” en la que inevitablemente quedaría enredado al firmar el convenio con Morena, así como a las posibles consecuencias que esta alianza podría traer si Estados Unidos avanza en su promesa de actuar contra políticos y funcionarios ligados al crimen organizado.

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