El acceso universal al agua es una condición indispensable para la salud y la vida de todas las personas. Estas semanas y dado el contexto de la contingencia sanitaria, el acceso universal a este líquido ha tomado mucho mayor relevancia ya que justamente dos de las medidas para hacer frente al COVID19 recomendadas por los organismos sanitarios, tanto nacionales como internacionales, necesitan de agua para su efectiva implementación.
Por un lado, se recomienda de manera insistente el lavado frecuente de manos con agua y jabón al menos por 20 segundos y por el otro, el mantenerse hidratado con agua simple (potable) y el alimentarse sanamente, forman parte de este paquete de recomendaciones. Tomando en cuenta lo anterior, es evidente que tres actividades fundamentales para preservar la salud y la vida ocupan el agua (higiene, agua limpia para beber y agua para preparar alimentos).
Es de resaltarse que el acceso universal al agua para poder llevar a cabo el tipo de recomendaciones descritas, forman parte del llamado derecho humano al agua, derecho que desde 2012 se encuentra reconocido en nuestra Constitución y cuya garantía efectiva NO se ha logrado en función de que todavía no se expide la ley que facilite su implementación, no obstante haberse tenido una obligación de haberlo hecho por parte de nuestro Congreso federal a un año de haberse dado la reforma constitucional antes mencionada, inexplicablemente a ocho años de esta ello simple y sencillamente no ha sucedido.
Al día de hoy, según datos del INEGI, 1 de cada 3 personas deben acarrear el agua a sus hogares. Al 2016, sólo el 68% de los hogares contaban con dotación diaria de agua (indicador que no considera si el agua recibida es de buena calidad, únicamente alude a disponibilidad diaria) frente a un 7% que no recibe agua y un restante 25% que recibe agua cada tercer día, una o dos veces por semana o de vez en cuando . Dentro de estas cifras, lastimosamente son las personas en contextos rurales y frecuentemente indígenas las que menos acceso tienen.
Por lo tanto, ello implica que un porcentaje de la población en México no podrá llevar a cabo las recomendaciones de la OMS o de autoridades nacionales, pues simplemente no tienen acceso material/físico al vital líquido. Ello visibiliza la brecha de desigualdad en el acceso y disfrute de derechos humanos en el país y por otro lado expone la forma en que esta contingencia profundizará este brecha pues hará más vulnerables a los ya hoy de por si vulnerables.
Esta situación no es exclusiva de México, pues en el mundo hay 2,200 millones de personas que no tienen acceso a servicios de agua potable. Ante ello, los expertos relatores de derechos humanos de Naciones Unidas, entre ellos Leo Héller, el Experto Relator del derecho humano al agua, hicieron un llamado a los gobiernos el pasado 23 de marzo. Dicho llamado enfatiza la obligación de los gobiernos para garantizar a como dé lugar el acceso al agua en esta crisis.
De manera específica, los relatores pidieron a los gobiernos que prohíban de inmediato los cortes de agua a quienes no puedan pagar las facturas de agua. También es esencial que proporcionen agua de manera gratuita mientras dure la crisis a las personas que viven en la pobreza y a las afectadas por las dificultades económicas que se avecinan. Se debe obligar a los proveedores tanto públicos como privados a cumplir estas medidas fundamentales.
También expresaron su preocupación por el hecho de que las personas económicamente vulnerables se conviertan en víctimas de un círculo vicioso. “El acceso limitado al agua las hace más propensas a infectarse. La infección da lugar a enfermedades y medidas de aislamiento, lo que dificulta que las personas sin seguridad social sigan ganándose la vida. Así, su vulnerabilidad aumenta, lo que da lugar a un acceso aún más limitado al agua. Los gobiernos deben aplicar medidas para romper este ciclo”.
A nivel local, apenas días atrás el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) ha anunciado la preparación de 37,000 viajes de pipas con agua para garantizar el abasto en la ciudad por los próximos meses. Si bien esta es una medida alineada a los llamados internacionales, vale la pena preguntarse sobre si esto se hizo en tiempo y forma considerando que los primeros casos de COVID se presentaron a finales de febrero. Esta crisis nos invita a preguntarnos sobre los cambios estructurales que debemos hacer para reducir la brecha de vulnerabilidad en un contexto como el nuestro que, como ha quedado expuesto, es inaceptable y nos obliga como sociedad y gobierno a redoblar esfuerzos a favor de los que menos tienen buscando mejorar su calidad de vida a través de la satisfacción de sus necesidades más elementales, como sería el caso de hacer efectivo su derecho humano al agua.
Director Ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A,C. (CEMDA) y Anaid Velasco, Gerente de Investigación del CEMDA.
