Solicito tolerancia para esta columna que en vez de ensalzar alguna de las muchas formas que tiene la Patria para acrecentar su Grandeza comparte un predicamento moral del autor.
Verá usted: el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) —del que soy miembro hace décadas— me ha insaculado para oficiar como “Persona Integrante de la Comisión Dictaminadora” (PICD) que elegirá a quienes merezcan ingresar este 2026.
Claro, uno acepta el encargo por obligación pero, sobre todo, por esencial respeto a quienes desean continuar su vida académica. Ser nombrado PICD es laborioso: uno debe dedicar ocho horas diarias durante una semana a estudiar los expedientes de los candidatos y deliberar las designaciones meritorias.
Mi predicamento radica en que se me ordena evaluar candidatos que dedican su vida al Área IV, la dedicada a las Ciencias de la Conducta y la Educación. ¿Cómo podría yo evaluar estudiosos de una área del conocimiento que me es ajena? Durante 40 años impartí clases de la secundaria al posgrado pero eso no me convierte en conductista ni pedagogo. Es decir: sé cómo nadar pero no sé nada de limnología.
El año pasado le expliqué al SNII que obviamente se trastabilló un algoritmo, pues llevo décadas evidenciándole que soy especialista en lengua y literatura, filosofía e historia, pero no en pedagogía. Nunca hubo respuesta. Un año después, el SNII insiste de nuevo en que soy capaz de evaluar pedagogos. Nuevamente aviso que hay un error y nuevamente no hay respuesta. Lo poco que sé de pedagogía es precisamente lo que aprendí estudiando los expedientes de los candidatos del año pasado, cosa que agradezco; pero que los candidatos sometan sus aspiraciones al juicio de un ignorante es algo que no agradecerán nunca.
¿Qué hacer? Todos los códigos de ética del gobierno insisten en que es inmoral aceptar un encargo sin la competencia necesaria, pues se engaña al Pueblo y se comete falta de ética. Como evaluar sin saber va contra la ética, no debo aceptar el encargo.
La Constitución indica (arts. 108 y 109) que todo servidor público es responsable de sus actos u omisiones. Pues bien, si acepto un encargo para el que no estoy calificado cometería un acto de corrupción que amerita sanción por afectar “la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que se debe observar en el desempeño de cargos o comisiones”. ¿Cómo ser eficiente si se desconoce la materia de la eficiencia?
El mismo SNII ordena en sus farragosos reglamentos que toda PICD debe “realizar un análisis riguroso, mediante una justificación exhaustiva, bajo los principios de disciplina, legalidad, imparcialidad, no discriminación, profesionalismo, integridad, honradez y racionalidad con base en la normativa”. ¿Cómo hacerlo si se ignora la materia de estudio? Más aún: ordena a los comisionados denunciar “las irregularidades o faltas de ética que se lleguen a presentar”. ¿Qué hago: me denuncio a mí mismo, acusándome de no ser pedagogo?
Recuerdo que en México hubo un “Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral” para el que “el desconocimiento de las funciones conlleva ineficiencia y daño potencial a la institución, lo cual se atribuye a una falta de honestidad intelectual.” Demasiado neoliberal. Dudo que siga existiendo.
En México es normal que un futbolista llegue a diputado, un agrónomo a petrolero, un financiero a diplomático, un impresor a juez electoral, una plagiaria a juez suprema, un polizonte a embajador y, desde luego, que cualquier politicastro ascienda a médico cirujano que sana movimientos de transformación...
Qué predicamento.