Por años, la discusión sobre cannabis en México fue reducida a prejuicios, caricaturas y cálculos políticos. Mientras millones de consumidores existían a plena vista, el Estado optó por la estrategia más cómoda: mirar hacia otro lado. Sin regulación, sin política pública y sin asumir el costo de tomar decisiones.
La XXVI Marcha del Día Mundial por la Liberación de la Cannabis volvió a exhibir esa contradicción nacional. Más de 20 mil personas salieron a las calles de distintas ciudades del país para exigir algo que, en cualquier democracia funcional, debió resolverse desde hace años: reglas claras. De acuerdo con autoridades locales y organizadores, las movilizaciones transcurrieron de manera pacífica y respetuosa, ejerciendo derechos constitucionales de libre expresión y libre desarrollo de la personalidad.
Sin embargo, el verdadero mensaje de la marcha no estuvo únicamente en las consignas o en las banderas verdes. Estuvo en el perfil de quienes participaron. Pacientes medicinales, estudiantes, abogados, médicos, cuidadores, empresarios y ciudadanos comunes conformaron un movimiento que desde hace tiempo dejó de ser marginal. Esa es quizá la parte más incómoda para la clase política mexicana: el cannabis dejó de ser un fenómeno clandestino y comenzó a convertirse en un tema social abierto.
La percepción pública, no obstante, sigue dividida. En redes sociales y espacios de discusión digital existe un sector creciente que apoya la regulación bajo argumentos económicos, sanitarios y de seguridad. Muchos consideran absurdo mantener en la ilegalidad un mercado que opera diariamente frente a todos y cuyos beneficios económicos continúan concentrados en la informalidad y el crimen.
Pero también persisten preocupaciones legítimas. Hay quienes temen un aumento en el consumo problemático, riesgos para menores de edad, afectaciones en salud pública o una regulación deficiente incapaz de contener abusos. Ignorar esas preocupaciones sería un error tan grave como seguir ignorando la realidad del consumo en México.
La discusión seria nunca ha consistido en promover el consumo. Consiste en reconocer que la prohibición fracasó.
México vive hoy un escenario jurídicamente absurdo. La Suprema Corte declaró inconstitucional la prohibición absoluta del uso adulto desde 2021, pero el Congreso continúa postergando la regulación. El resultado es un limbo donde existen permisos individuales, tolerancia discrecional y criterios ambiguos que muchas veces terminan en extorsión, corrupción o criminalización selectiva. La ley no desapareció el mercado; simplemente renunció a gobernarlo.
Y mientras el vacío legal permanece, otros países avanzan. Canadá consolidó una industria multimillonaria; Alemania abrió un nuevo modelo regulatorio en Europa; Estados Unidos acelera su reclasificación federal. México, en cambio, sigue atrapado entre discursos morales del siglo pasado y una realidad económica que ya cambió.
La marcha también dejó ver un movimiento más estructurado políticamente. En estados como Yucatán, colectivos buscan incluso espacios regulados y seguros para el consumo responsable, alejados de escuelas, hospitales y zonas sensibles. La petición del Movimiento Cannábico Mexicano a la presidenta Claudia Sheinbaum para enviar una iniciativa preferente refleja que la exigencia ya no es únicamente simbólica: ahora busca una salida legislativa concreta.
Desde luego, el movimiento cannábico también enfrenta desafíos internos. Parte del activismo continúa cayendo en excesos discursivos que minimizan riesgos asociados al abuso del consumo, particularmente en menores de edad. Una regulación seria exige reconocer tanto los beneficios medicinales, industriales y económicos del cannabis, como la necesidad de controles sanitarios, campañas de prevención y reglas claras para evitar abusos.
Porque legalizar no significa liberalizar sin control. Significa regular con responsabilidad.
México perdió ya más de una década atrapado en debates ideológicos mientras otros países construyeron industrias, desarrollaron investigación médica y generaron miles de empleos. Hoy el país enfrenta una decisión inevitable: continuar sosteniendo un modelo prohibicionista que solo fortaleció mercados ilegales o construir finalmente una regulación moderna que otorgue certeza jurídica, oportunidades económicas y protección sanitaria.
La marcha de este año dejó una señal evidente. El problema ya no es el cannabis. El problema es la incapacidad política para legislar sobre una realidad que existe desde hace décadas.
Y cada año que el Congreso decide aplazar la discusión, el vacío legal sigue haciendo exactamente lo que mejor sabe hacer en México: convertirse en negocio para la ilegalidad.