Cada 20 de abril, el denominado “día del cannabis” se ha consolidado como una fecha emblemática a nivel global. En países donde la industria opera bajo esquemas regulatorios claros, el 4/20 representa no solo una celebración cultural, sino también un momento de alta actividad económica, con incrementos significativos en ventas, estrategias comerciales definidas y, sobre todo, recaudación fiscal. En México, sin embargo, la escena es distinta: el consumo ha ganado espacios de tolerancia, pero el mercado continúa en la ilegalidad.
Esta contradicción ha dado lugar a un fenómeno que, lejos de inhibirse, se ha sofisticado.
En mercados como el estadounidense, la evolución del consumo ha sido evidente. Recientemente, los cigarrillos prearmados, conocidos como pre-rolls, han superado a la flor tradicional como el producto más vendido con 383 millones de unidades y 3.6 mil millones de dólares en ventas, impulsados por su practicidad, accesibilidad y estandarización. Esta tendencia no es ajena a México. A pesar de la ausencia de regulación, el mercado ilícito nacional ha replicado estos patrones con notable rapidez.
Hoy, durante el 4/20, la oferta disponible en distintos puntos del país incluye cigarrillos prearmados, flor a granel, comestibles, cartuchos para vapeo y aceites artesanales. Todos ellos circulan sin controles de calidad, sin etiquetado claro y sin supervisión sanitaria. Es decir, el consumidor tiene acceso a una gama cada vez más diversificada de productos, pero bajo condiciones de absoluta incertidumbre.
El caso mexicano no es aislado. Experiencias internacionales han demostrado que cuando el acceso legal es limitado o inexistente, el mercado ilegal se fortalece. La paradoja es evidente: el consumo no desaparece, simplemente se traslada a canales informales. México ha avanzado en reconocer ciertos derechos relacionados con el consumo personal, pero no ha construido un marco integral que regule la producción, distribución y comercialización.
El resultado es un entorno ambiguo. Existen espacios de tolerancia para el consumo, pero no mecanismos legales para adquirir el producto. En consecuencia, la cadena de suministro queda, en los hechos, en manos del mercado ilícito.
Durante el 4/20, esta dinámica se intensifica. La demanda aumenta de manera considerable, y con ella, la actividad de redes de distribución informal. En ausencia de un mercado regulado que absorba esta demanda, los beneficios económicos se concentran fuera de cualquier esquema fiscal o institucional.
Las implicaciones son múltiples. Por un lado, el Estado renuncia a una fuente potencial de ingresos que, en otros países, ha demostrado ser relevante para financiar programas de salud y prevención. Por otro, se mantiene un mercado sin controles sanitarios, donde los consumidores desconocen la composición, potencia y origen de los productos que adquieren. Finalmente, se perpetúa un modelo económico que favorece la informalidad y limita el desarrollo de una industria legal con capacidad de generar empleo, innovación y valor agregado.
El 4/20, más que una celebración, funciona como un indicador. Refleja con claridad la existencia de un mercado dinámico, diversificado y en expansión, que opera al margen de la ley, pero no al margen de la realidad.
La discusión de fondo, por tanto, no gira en torno a si el cannabis debe o no formar parte de la economía nacional. Esa decisión, en los hechos, ya ha sido tomada por millones de consumidores. La verdadera cuestión es si el Estado mexicano continuará ausente de un mercado que ya existe, o si asumirá la responsabilidad de regularlo.
Porque mientras la regulación no llegue, cada 20 de abril seguirá confirmando lo mismo: en México, el consumo puede ser tolerado, pero el negocio sigue siendo ilegal.