Apenas en marzo pasado, la reforma constitucional en materia electoral impulsada por Morena fracasó en el Congreso. No alcanzó los votos necesarios para reconfigurar las reglas del juego democrático. Su derrota legislativa, sin embargo, no ha significado el fin de su intención reformadora. Al contrario, Morena parece decidido a proponer, esta vez, ajustes parciales, acelerados y extraordinarios que, modificarán, otra vez las condiciones de competencia política de cara a 2027.
El primer frente de camio está en las elecciones. Se busca posponer, por única ocasión, los comicios pendientes para 2028, con lo que se evitará la injerencia partidista que el propio diseño constitucionalizó al empalmar ambos procesos. Sin embargo, activará, en su lugar, la intervención presidencial, al empalmarlas con la revocación de mandato. De aprobarse, la ciudadanía acudirá a votar en las mismas casillas para dos ejercicios distintos, a pesar de que la constitución prohíba que los partidos sean representantes de casilla en los comicios judiciales.
Ese no es el único cambio esperado. El gobierno federal también ha anunciado una reforma legal para crear un mecanismo que permita a los partidos políticos consultar información de seguridad sobre los aspirantes a alguna candidatura en las elecciones estatales y municipales de 2027. El objetivo declarado es impedir que personas vinculadas con el crimen organizado lleguen a las boletas electorales. El INE deberá revisar las listas de aspirantes para identificar posibles “riesgos razonables” de vínculos con la delincuencia organizada.
Como lo hemos advertido en Reformar para dominar (Kas: 2026), la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales se ha convertido alarmante y estructural. Negarlo sería irresponsable. Pero trasladar al INE la tarea de “filtrar” candidatos” es una idea desacertada por al menos dos razones. Primero, porque desplaza la responsabilidad política al árbitro electoral. Son los partidos quienes seleccionan y postulan candidaturas; son ellos quienes deberían asumir el costo de garantizar integridad de sus cuadros. Si esta tarea se delega al INE, los partidos quedarán convenientemente liberados de responsabilidad. Si más adelante se descubre que alguna candidatura tiene vínculos criminales, la respuesta será predecible: “la culpa es del INE”. Una coartada perfecta para dinamitar la legitimidad de la institucional encargada de arbitrar la competencia democrática.
Segundo, porque abre una puerta peligrosa para la instrumentalización política de la seguridad. En un contexto de polarización creciente, no es difícil imaginar denuncias cruzadas, filtraciones selectivas o acusaciones estratégicas entre adversarios. El riesgo es que la sospecha se convierta en una herramienta electoral y que la seguridad termine siendo usada como pretexto para la persecución política.
Al igual que ha pasado con la “reforma para reformar la reforma judicial”, la enésima enmienda electoral propuesta por el gobierno no responde a diagnósticos y perspectivas multinacionales capaces de enfrentar efectivamente la intervención de redes criminales en toda su complejidad. Lo que logrará será cambiar las reglas del juego para gobernar sus consecuencias.
Al igual que sucederá de con la propuesta constitucional promovida por Ricardo Monreal para anular elecciones federales y locales por “intervención extranjera”. Esto ocurría cuando se compruebe la participación de actores extranjeros —gobiernos, organismos o individuos foráneos— en los procesos electorales mediante financiamiento ilícito, ciberataques o redes de desinformación con el fin de proteger la independencia y soberanía del Estado mexicano. La propuesta incorpora entre tales conductas, las “presiones” de carácter “político, económico, diplomático o mediático que tengan como la finalidad de alterar la voluntad popular” La pregunta central es inevitable ¿quién va a determinar eso? Como habría de esperarse, serán los tribunales quienes valorarán si acciones, según su propio criterio, comprometen la soberanía nacional o afecten la libertad y autenticidad del sufragio. Se trata de una causal deliberadamente abierta que amplía el margen de discrecionalidad judicial e incentiva que cualquier resultado electoral disputado pueda judializarse: una campaña digital, un reporte internacional o una declaración diplomática podrían convertirse en argumentos para impugnar una elección.
Invocar y dramatizar amenazas “desde fuera” ha sido un expediente recurrente de los autoritarismos para justificar restricciones abusivas y erosionar la democracia “desde dentro”. El riesgo de una cláusula como esta es que, bajo el discurso soberanista, terminen sacrificándose libertades fundamentales —como la de expresión—, inhibir la cooperación internacional e, incluso, desincentivando el trabajo de observación electoral internacional. Muy contrariamente a lo que piensa Monreal, una democracia se debilita cuando la defensa de la soberanía nacional deja de servir para proteger el voto y comienza a servir para condicionar su validez.
Guadalupe Salmorán Villar. Investigadora del Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM, Coordinadora de @IIJUNAMElector y Profesora Visitante [Fellow In Residence] del Center for U. S. -Mexican Studies de la UC San Diego. X: @gpe_salmoran