Dra. Larisa de Orbe, Instituto Nacional de Salud Pública.
Dra. Marlene Cortez Lugo, Instituto Nacional de Salud Pública.
El debate sobre la fractura hidráulica, conocida como fracking, ha recobrado relevancia en la agenda energética de México. En el espacio público conviven posturas encontradas: por un lado, advertencias sobre sus impactos ambientales y en la salud; por otro, narrativas que la presentan como una vía para fortalecer la soberanía energética e incluso como una práctica susceptible de volverse sustentable.
Sin embargo, reducir el fracking a una simple técnica de extracción oculta su papel dentro de una cadena más amplia. Se trata de un eslabón clave que articula la expansión de la industria petroquímica basada en combustibles fósiles con la producción masiva de plásticos, especialmente de aquellos desechables o de un solo uso que han detonado una crisis global de contaminación.
La magnitud de este problema ha llevado a que, bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas, los países negocien actualmente un tratado internacional sobre plásticos. El mandato de este acuerdo es claro: abordar todo el ciclo de vida de estos materiales, desde su producción hasta su disposición final.
Desde esta perspectiva, la contaminación plástica no puede entenderse únicamente como un problema de residuos. Es el resultado de una cadena de impactos que inicia con la extracción de petróleo y gas “natural” en particular el gas de esquisto, compuesto principalmente por metano atrapado en formaciones rocosas. Su obtención requiere perforación horizontal intensiva, es decir, fracking, una técnica asociada a fugas significativas de metano.
Pero los impactos no se limitan a este gas. Durante la extracción, así como en las fugas y el venteo, se liberan benceno, formaldehído y otros compuestos orgánicos volátiles con efectos directos en la salud respiratoria y cardiovascular, además de propiedades carcinogénicas.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ha advertido que estas fugas contribuyen de manera importante al aumento de gases de efecto invernadero, profundizando la crisis climática. En este contexto, diversas organizaciones que participan como observadoras en las negociaciones del tratado han insistido en la necesidad de establecer metas globales vinculantes para reducir la producción de plásticos.
Los plásticos tienen una huella de carbono significativa: a lo largo de todo su ciclo de vida generan alrededor del 3,4 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Tan solo en 2019, fueron responsables de aproximadamente 1 800 millones de toneladas de estas emisiones, de las cuales cerca del 90 % se originó en su producción y transformación a partir de combustibles fósiles.
El auge del fracking en Estados Unidos ha impulsado inversiones masivas en plantas petroquímicas que producen etileno, materia prima esencial para los plásticos. Actualmente, la producción mundial de plásticos alcanza aproximadamente 415 millones de toneladas anuales y podría cuadruplicarse hacia 2050. No es casual que este material esté cada vez más presente en la vida cotidiana, sobre todo en envases y embalajes. De hecho, alrededor del 50% de los plásticos producidos son de un solo uso, y generan cerca del 70% de los residuos plásticos globales.
Una interesante investigación realizada por Stand.earth Research Group (SRG) y el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) reveló la conexión entre 25 de las marcas de consumo más importantes del mundo y su dependencia al gas obtenido mediante fractura hidráulica para fabricar envases desechables. Esto evidencia que la expansión de esta técnica no solo tiene implicaciones energéticas, sino también en los patrones de producción y consumo de plástico.
En México, un posible incremento del fracking podría agravar este panorama. Sus impactos ambientales, sanitarios, económicos y sociales han sido ampliamente documentados: contaminación del aire, agua y suelos; liberación de materiales radiactivos; actividad sísmica; y afectaciones a la agricultura, entre otros.
En términos de salud pública, diversos estudios han asociado la exposición a estas actividades con cánceres, enfermedades respiratorias, problemas cardiovasculares y afectaciones a la salud mental. En comunidades de Estados Unidos cercanas a pozos, se han documentado también riesgos durante el embarazo, como partos prematuros, bajo peso al nacer y ciertas complicaciones obstétricas.
Un reciente estudio de cohorte retrospectivo[1] basado en datos oficiales recopilados durante cinco años (2017 al 2021) analizó la situación en la provincia petrolera de Burgos que abarca los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. La investigación exploró la relación entre la cercanía a pozos de gas y la presencia de anomalías en el desarrollo fetal (congénitas y genéticas) en recién nacidos tomando en cuenta el lugar de residencia de la madre durante el embarazo
Los resultados mostraron una asociación positiva entre vivir cerca de estos pozos y un mayor riesgo de malformaciones congénitas del sistema digestivo, del sistema circulatorio, de los órganos genitales, así como de fisura del paladar y labio leporino en los recién nacidos.
Estos hallazgos cobran relevancia en un contexto donde la legislación ambiental en México ha sido diseñada en gran medida bajo criterios económicos, sin otorgar suficiente prioridad a la protección de la salud pública. Como consecuencia, el país enfrenta serios vacíos en la regulación de la contaminación química asociada a prácticas como el fracking, así como a la exposición a plásticos y microplásticos, vinculada con alteraciones hormonales, procesos inflamatorios y diversos tipos de cáncer.
En ausencia de regulaciones estrictas, cualquier expansión del fracking expondría a las poblaciones a riesgos inmediatos y a impactos acumulativos de largo plazo. Este escenario profundizará desigualdades, afectando especialmente a comunidades indígenas y rurales, mientras favorece a la industria extractiva.
El fracking y la crisis de contaminación por plásticos no son fenómenos aislados. Son engranajes de un mismo sistema que amplifica los riesgos ambientales y sanitarios, así como los conflictos ecoterritoriales en el país. Reconocer esta conexión es indispensable para avanzar hacia políticas energéticas y ambientales que realmente protejan la salud y el futuro de México.
[1] Un estudio de cohorte retrospectivo es una herramienta que usan los científicos para entender cómo ciertos factores del pasado pueden influir en la salud o en otros resultados a lo largo del tiempo, sin necesidad de esperar años para obtener respuestas.
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