El pasado 3 de mayo, al asumir la presidencia nacional de Morena, Ariadna Montiel fue contundente: “en Morena los corruptos no tienen cabida” y advirtió que no habrá candidaturas para quienes tengan señalamientos de corrupción, aunque ganen las encuestas.
Este mensaje se inscribe en la línea que ha sostenido consistentemente la presidenta Sheinbaum sobre la necesidad de construir un México sin corrupción. A Luisa María Alcalde se le invitó a una posición, sin duda importante, la Consejería Jurídica, aunque sin posibilidad de influir en las futuras candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.
En las últimas semanas se han producido otros movimientos en posiciones clave que fortalecen a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su intención de combatir la corrupción. En febrero de 2026, Adán Augusto López Hernández, una de las figuras más cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador, dejó la coordinación de la bancada de Morena en el Senado —sustituido por Ignacio Mier— en medio de señalamientos por su presunta cercanía con Hernán Bermúdez Requena, quien fuera su secretario de Seguridad en Tabasco y ha sido vinculado con el grupo criminal “La Barredora”.
En marzo, el Congreso aprobó el nombramiento de Aureliano Hernández Palacios Cardel como Auditor Superior de la Federación, quien tiene cercanía con la presidenta por vía de su padre Fernando Aureliano Hernández Palacios, quien fuera su secretario particular cuando fue jefa de Gobierno. Recientemente, en una reunión con las comisiones de Vigilancia y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, el Auditor Superior utilizó una frase en la misma dirección: “Un México sin corrupción es posible”, lo que ya es un lema institucional, al explicar cómo la ASF aplicará las nuevas facultades derivadas de la reciente reforma a la Ley de Fiscalización para investigar de inmediato y promover sanciones con mayor contundencia.
Estos movimientos ocurren en un contexto donde persisten casos de alto perfil de integrantes de la 4T, que involucran señalamientos graves de corrupción y presuntos vínculos con el crimen organizado. Recientemente, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal en medio de acusaciones que ha venido arrastrando y que se agravaron ahora con una solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por autoridades de Estados Unidos contra él y otras nueve personas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
A esto se suman escándalos de corrupción, como los desvíos multimillonarios en Segalmex —cuyo director general fue “perdonado” por el expresidente López Obrador— y las pérdidas asociadas al “huachicol fiscal”. Un negocio ilícito que, por su magnitud, requirió de la participación de muchas personas y autoridades por la complejidad en su logística operativa.
Los mensajes de “un México sin corrupción”, no son nuevos. Durante décadas nos fueron vendidos a los ciudadanos sin que se observe un avance real; todo se queda en retórica. Estas intenciones deben acompañarse de casos concretos que den lugar a sanciones administrativas y penales, y recuperación de recursos.
Hoy, a través del “Big Brother” que representan los medios de comunicación y las denuncias ciudadanas en redes sociales, la corrupción es cada vez más difícil de ocultar, en parte gracias a la incontrolable necesidad de muchos políticos de hacer negocios a costa del poder adquirido y ostentar una riqueza que difícilmente pueden justificar. La verdadera prueba de voluntad política que cierre la brecha entre lo que se dice y lo que se hace para alcanzar un México sin corrupción se dará solo en un Estado de Derecho, donde la justicia se aplique por encima de la política. Caiga quien caiga.
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