En los últimos meses el gobierno de los Estados Unidos (EU) ha retirado la visa que permite el ingreso a su territorio a varios personajes de la política mexicana.
Gobernadores, alcaldes, aspirantes a cargos de elección popular y funcionarios, han debido enfrentar cuestionamientos en este lado de la frontera de por qué precisamente a ellos se les retiró la posibilidad de ir a tierras estadounidenses.
Dado que prácticamente todos los sancionados pertenecen al oficialismo, desde la presidencia de la República, hasta el último de los militantes de Morena, se han solidarizado con quienes recibieron el castigo y han manifestado que todo ello es una forma de injerencismo para dañar el movimiento de la autonombrada 4T.
¿Tienen razón los morenistas? ¿EU retiró visas para influir en la política mexicana y afectarles directamente a ellos? Si revisamos con atención los casos podemos deducir que la respuesta es un rotundo “¡no!”
Según las leyes de nuestro país vecino, una visa se retira a alguien por haber violado alguna norma migratoria, como haber excedido los tiempos de estancia en su territorio; haber cometido algún delito o haber participado en alguna actividad que dañó o pudo afectar la gobernanza o el bienestar de su población.
Como difícilmente algún funcionario que vive y desempeña un cargo público en nuestro país pudo haber violado algún reglamento sobre migración de los Estados Unidos -¿cómo podría exceder los seis meses de estancia permitidos, si sus responsabilidades y actividades se deben desempeñar cotidianamente en nuestro país?- quiere decir que los sancionados, desde la información con la que cuenta el gobierno estadounidense, actuaron en contra de sus intereses.
Es por ello que los mexicanos podemos entender que el retiro de visas no es injerencia en nuestra política y a la par, debemos exigir alguna explicación a cada uno de los personajes políticos sancionados de qué fue lo que hicieron desde su cargo público para que Estados Unidos los castigue.
Cuando un gobernante actúa en contra de un país clave para el bienestar de los mexicanos, termina por afectar a millones, debilita la movilidad social, inhibe oportunidades, aleja inversiones, favorece el fortalecimiento de la delincuencia, entre muchos otros posibles daños.
El llamado de atención que llega desde los Estados Unidos debe ser entendido como una alerta en México, es obligación de los gobiernos y poderes del Estado evitar a toda costa que alguien que actúe en nombre y representación de alguna institución mexicana cometa algún ilícito o mantenga una relación de complicidad con algún grupo delictivo.
Para quienes no lo recuerdan, hace más de una década muchos de los que hoy se encuentran en el oficialismo, exigieron la renuncia de un ex Fiscal General de Nuevo León por haber dejado deudas de juego en un casino de Las Vegas.
El argumento que repetían -que desde mi punto de vista resultaba lógico y pertinente- era que difícilmente alguien que había cometido un ilícito, aún cuando se hubiese cometido en un país extranjero, podría ser un funcionario honesto.
Por ende, si desde el extranjero se impone alguna restricción o sanción sobre algún funcionario mexicano, la procuración de justicia en nuestro país debería investigar.
Evidentemente, la cancelación de alguna visa no puede ser directamente interpretada como una firme evidencia de que alguien esté cometiendo algún ilícito, pero sí debe ser razón suficiente para que en México se revise si hay un riesgo para nuestro país.
Sin embargo, de este lado de la frontera, parece que no hay alguna intención de investigar, ni en aquellos casos señalados por medios, pero donde no se ha confirmado el retiro del documento migratorio; ni en otros donde se confirmó el retiro de la visa, pero se desconoce el motivo; ni en aquellos casos en donde sobra evidencia y queda claro que el gobierno de los Estados Unidos busca sancionar delitos que ya investigó.
De estos últimos casos, sobresalen dos, el de 10 políticos y funcionarios de Sinaloa y el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila y su ex esposo, Carlos Torres.
En el primero, los Estados Unidos cancelaron las visas y solicitaron la extradición de 10 funcionarios sinaloenses para ser juzgados en su país por delitos de delincuencia organizada.
En el segundo, primero se filtró la investigación en contra de la gobernadora y su ex pareja por tráfico de armas y drogas, huachicol fiscal y protección a un grupo de delincuencia organizada; luego llegó el retiro de la visa y por último se filtraron cuatro conversaciones telefónicas donde Ávila abiertamente le pregunta a un funcionario estadounidense de qué delitos se le acusa y promete entregar información confidencial para evitar ser juzgada y sancionada por dicho gobierno.
Ante toda avalancha de evidencias, en México, se niega lo evidente y se repite que en ninguno de los casos, la Fiscalía General de la República no ha encontrado delito alguno.
El gobierno de los Estados Unidos emprendió una operación consistente en contra de la delincuencia organizada transnacional, particularmente aquella dedicada al tráfico de fentanilo.
Al arranque de la administración Trump, seis grupos delictivos mexicanos fueron incluidos en la lista de organizaciones terroristas; desde entonces se han detenido, perseguido y sancionado a sus integrantes a lo largo del mundo.
El retiro de visas a políticos mexicanos por parte del gobierno estadounidense no es injerencismo, es parte de una política pública articulada para erradicar en la medida de lo posible, la capacidad de la delincuencia organizada mexicana para traficar drogas a su país.
Es una política que se mantendrá por los próximos años y que tendrá consecuencias negativas para el gobierno mexicano si en vez de coadyuvar en investigaciones y sancionar corruptos, se dedica a protegerlos.
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