El pasado 21 de julio la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa aseguraron un complejo para refinar y almacenar combustible de procedencia ilícita que operaba en el municipio de Reynosa, Tamaulipas.
La refinería ilegal se localiza sobre la carretera Monterrey-Reynosa, una de las principales vías de comunicación de la frontera norte, donde a diario miles de personas, transportistas y autoridades, circulan.
La estructura es fácilmente visible desde el exterior y evidentemente operaba sin problemas -las autoridades federales aseguraron casi 4 millones de litros de combustible ilegal- y sin una gran intención de esconderse.
Precisamente, llama la atención que (1) nadie se haya dado cuenta antes de su construcción y sucesiva operación -particularmente si consideramos que el predio se localiza a la vista de todos y cerca de las instalaciones de la Guardia Nacional- y que (2) en una instalación que requiere de diverso personal para operar, no haya habido un solo detenido.
No es la primera vez que se asegura una refinería ilegal, en lo que va del año se han cerrado estructuras similares en Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí y Veracruz -y dicho sea de paso, en ningún caso ha habido detenidos-.
Sin querer menospreciar los esfuerzos del Gobierno Federal por combatir el huachicol, es válido preguntarse ¿por qué parece que un fenómeno ilícito a la vista de todos, no se combate oportunamente? ¿Cómo pudo operar una planta entera que requiere de energía, personal, ingreso y salida de producto, sin que nadie se diese cuenta?
En México los ciudadanos asistimos todos los días a hechos que van desde la ilegalidad hasta la abierta violencia criminal.
Sin necesidad de hacer inteligencia delictiva, los mexicanos sabemos en qué medios de transporte y vías de comunicación podemos ser víctimas de los delitos y la violencia; dónde se vende un producto ilícito, contrabandeado o apócrifo; qué autoridades son propensas a la corrupción, cuáles abiertamente operan de la mano de los grupos delictivos y qué grupos delictivos controlan la plaza donde vivimos.
Llama la atención que cualquier persona pueda fácilmente saber dónde se venden armas, droga, piratería, fayuca, medicamentos restringidos o huachicol; en dónde podemos obtener documentos apócrifos; en dónde se ejerce la trata de personas; quién consigue contratos o autorizaciones a cambio de una mordida, sin que aparentemente autoridad alguna se entere, haya previamente investigado o persiga el delito.
Ante cada crítica, la autoridad suele responder que sin denuncia no hay posibilidad de actuar como si la inteligencia que generan las policías, fiscalías y fuerzas federales del país, no fuese un insumo suficiente para combatir los delitos.
México cuenta con expertos, tecnología, protocolos e insumos que permiten transformar los datos en información clave para la toma de decisiones en materia de política de seguridad y justicia. Sin embargo, parece que dicha información no siempre se usa adecuadamente.
Ello se debe a diversos factores como la desconfianza entre autoridades; la diversidad entre competencias y debilidades de las varias instituciones que combaten los delitos; la insuficiencia de personal para implementar adecuadamente una política criminal; una versión cortoplacista de cómo combatir a la delincuencia; agendas políticas que se interponen en la adecuada aplicación de la ley, e incluso, una corrupción que no se ha combatido adecuadamente.
Para que la inteligencia se pueda aplicar, se requiere de un estado de fuerza suficiente para prevenir, reaccionar, investigar y perseguir los delitos; algo que ningún gobierno ha logrado atender con puntualidad.
Si la experiencia internacional nos enseña que para que una comunidad sea segura se requieren por lo menos 3 policías por cada mil habitantes, ¿cómo podemos pensar que en México lo lograremos con apenas 1.2 policías por cada 1000 personas -que además a diario son maltratados, mal pagados, mal capacitados, mal supervisados y mal equipados-?
¿Cómo podemos esperar reducir el control de la delincuencia en el territorio nacional cuando nuestra estructura de procuración de justicia está absolutamente rebasada?
En un país en donde apenas se investigan 6 de cada 100 delitos que ocurren, nuestros ministerios públicos tienen un promedio superior a las 300 carpetas de investigación que resolver por año, un número incipiente de policías de investigación y peritos que coadyuven en cada caso.
Pese a que sabemos que toda política criminal debe ser de larga visión, dinámica, pronta a atender los cambios de las estructuras delincuenciales, sujeta a factores internacionales y completamente ajenas a politiquerías, en nuestro país las decisiones en esta materia se toman de forma reactiva, sesgada, con especial consideración para las narrativas oficiales y los intereses políticos del momento.
Si resulta obvio que en un país en donde impera la corrupción, no puede haber seguridad, justicia ni Estado de Derecho, la decisión de tolerar autoridades que conviven o participan en la criminalidad común y organizada llevará a que cada vez sea más peligroso vivir en nuestro país.
Dicho de otra manera, mientras que en nuestro país no se tomen decisiones serias para limpiar las instituciones, para romper con los pactos de corrupción, para impulsar políticas criminales sustentadas en datos, mientras no se decida invertir lo necesario para fortalecer el trabajo de nuestros cuerpos de seguridad y justicia, en México seguiremos viendo refinerías ilegales; comercios ilegales; venta de productos ilícitos; un mayor control de la delincuencia sobre el territorio nacional, todo en la absoluta impunidad.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
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