En tiempos de campañas políticas se escucha todo tipo de ofertas, muy en línea con aquello de que prometer no empobrece. La materia turística no me parece una excepción, aunque, ante todo, quisiéramos mucha más visibilidad y protagonismo en los diversos planteamientos de las y los contendientes a los diferentes cargos públicos que se disputan en la elección del 2 de junio.

En todo caso, lo normal en estos casos es escuchar propuestas y referencias de carácter más bien general, es decir, ‘ahora sí el turismo va a ser importante’, ‘vamos a impulsar la promoción turística’, ‘vamos a remover las barreras para el florecimiento del turismo’ y, un infaltable —y deseable— ‘ahora sí el turismo va a ser una prioridad’.

Tal vez esto es lo que toca, y así hay que entenderlo. Ya vendrán más adelante tiempos y espacios para el diseño de una política turística, con la participación de actores de la industria, del sector académico y la sociedad civil.

Así, veremos cómo se definirán los grandes propósitos para este importante sector de la actividad económica y social del país, se trazarán los grandes planteamientos estratégicos que probablemente incluirán objetivos, líneas de actuación y, tal vez, algunas metas, y se anunciarán múltiples programas y proyectos. Por sí mismo, no creo que este ejercicio sea un trabajo estéril, por más que en los entregables que iremos conociendo sobrarán los lugares comunes y, probablemente, tendremos limitadas aportaciones novedosas; de igual forma, es posible que pasen por alto los yerros y aciertos de anteriores administraciones y se privilegiará el enfoque de corto plazo.

Me parece que el gran tema sobre el que es necesario un debate que se traduzca en hechos concretos es la definición de los instrumentos para la ejecución de la política turística, particularmente, pero no sólo en el orden federal.

Una revisión objetiva de los programas sectoriales de turismo en el tiempo concluiría —entre otros temas— con la identificación de una muy limitada atención a los medios a través de los cuales se recurre para alcanzar objetivos estratégicos definidos en la política turística. Además, la realidad muestra una gran carencia de este tipo de instrumentos, algunos de los cuales desaparecieron en el pasado reciente.

El pleno aprovechamiento de una actividad turística sostenible demanda una gran claridad del papel que debe desempeñar como parte de un programa de gobierno y, derivado de ello, del uso y, en su caso, la construcción de instrumentos para poder ejecutar la política sectorial.

Sin tratar de hacer un ejercicio exhaustivo, me parece que los instrumentos necesarios para el desarrollo de la política turística incluyen los siguientes: arquitectura institucional; instrumentos legales y regulatorios; mecanismos de coordinación y concertación; aspectos presupuestales incluyendo fuentes alternativas de recursos, y elementos para incentivar la inversión privada.

De manera específica, es indispensable valorar el funcionamiento y la necesidad de contar con un aparato público para la gestión turística; no debiera haber duda sobre lo imprescindible que es recuperar la inversión pública en promoción turística, con recursos generados por el derecho de no residente, que de origen tuvo como justificación esas labores de promoción; por otro lado, la Ley General de Turismo parece haber quedado superada, luego de 15 años de muy limitados resultados.

Una particular atención debe merecer la incorporación de nuevos destinos de alto calibre que permitan diversificar la demanda y la oferta, al tiempo de llevar los beneficios del turismo a otras latitudes. Es tiempo de sembrar en lo turístico para el futuro, luego de que llevamos años de cosechar lo que hace poco más de 50 años fue producto de una decisión de política pública.

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